Trabajadores y activistas ha llevado una petición urgente, firmada por más de mil quinientas personas, para demandar protecciones laborales obligatorias contra el calor extremo. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Una coalición de trabajadores y activistas ha llevado al Capitolio estatal de Arizona una petición urgente, firmada por más de mil quinientas personas, para demandar protecciones laborales obligatorias contra el calor extremo.
El reclamo llega en un momento crítico, pues el Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Calor en el Lugar de trabajo está finalizando sus recomendaciones para la Comisión Industrial de Arizona.
“Estamos aquí para elevar las voces de más de mil quinientos arizonenses que creen que el agua, la sombra y el descanso deben ser derechos garantizados, no solo sugerencias”, afirmó Mónica Sandschafer, directora estatal de Mi Familia en Acción.
La petición, entregada directamente a la oficina de la gobernadora Katie Hobbs, surge tras un verano récord, cuando Arizona experimentó su cuarto verano más caluroso desde que se tiene registro en 2025, y los cuatro más calurosos han ocurrido desde 2020.
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Esta tendencia pone en riesgo semanal a casi medio millón de personas que trabajan en empleos “vulnerables al calor”, según datos de la coalición.
La urgencia es palpable en testimonios como el de Trina David, trabajadora con dos décadas de experiencia; “cada verano en Phoenix, los trabajadores del aeropuerto colapsan por el calor extremo... la pregunta no es si llamarán a los paramédicos, es cuándo”, relató durante la conferencia de prensa.
Los datos científicos confirman la gravedad pues Phoenix es el “epicentro” de la crisis climática en Estados Unidos, con 113 días consecutivos por encima de los 100 grados Fahrenheit en 2024, la racha más larga jamás registrada.
Además, el efecto “isla de calor urbano” añade aproximadamente 5 grados Fahrenheit adicionales al calentamiento global en la ciudad.
Las consecuencias son mortales; solo en 2023, 645 personas murieron por causas relacionadas con el calor en el condado de Maricopa, más de la mitad del total nacional reportado ese año.
La carga de esta exposición no se distribuye equitativamente, pues los trabajadores latinos tienen tres veces más probabilidades de morir por estrés térmico en el trabajo que los no latinos, según destacó la coalición.
Los jornaleros agrícolas enfrentan un riesgo 35 veces mayor que el resto de la fuerza laboral estadounidense y los trabajadores inmigrantes, de bajos salarios y de color, quienes conforman la mayoría en mayor riesgo, son también los menos protegidos y más vulnerables a represalias si alzan la voz.
Ante este panorama, la coalición señala que las directrices voluntarias no son suficientes, “necesitamos responsabilidad”, exigió Trina David.
La solución, argumentan, es una norma estatal obligatoria de prevención, con requisitos de sentido común como agua, sombra, descansos y capacitación.
La evidencia de otros estados es alentadora, California implementó un estándar en 2005, lo que llevó a menos lesiones laborales en días calurosos y Oregon registró una disminución en las visitas a urgencias por enfermedades laborales relacionadas con el calor tras una medida similar.
Por ello, la atención se centra ahora en la gobernadora Katie Hobbs, quien tiene en sus manos el poder de salvar vidas mediante una orden ejecutiva.
“Los trabajadores de todo el estado me han dejado claro que esto no es solo un asunto de política, es una cuestión de vida o muerte”, dijo Jazmin Moreno-Dominguez de Agave Community Threads.
Hobbs ya dio un primer paso al establecer el Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Calor, pero la coalición urge a que sus recomendaciones se traduzcan en acciones ejecutivas concretas y exigibles.
El momento para actuar es ahora, antes de que el próximo verano, que se prevé aún más extremo, cobre más víctimas; la ciencia es clara, como afirmó Katelyn Parady del Consejo Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, “el calor mata, pero no tiene por qué hacerlo”.
