Paul Campo y Robert Sensi están acusados de lavar doce millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación. CORTESIA: Department of Justice
Un ex alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) enfrenta graves cargos por conspirar con un cártel mexicano, un caso que expone profundas fallas de corrupción al interior de las instituciones estadounidenses.
Paul Campo, exsubjefe de Operaciones Financieras de la agencia, y su socio Robert Sensiestán acusados de lavar aproximadamente doce millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y también acordaron facilitar el tráfico de cocaína en Nueva York y exploraron la compra de armas de grado militar y explosivos para la organización, según la acusación.
Campo, un veterano de veinticinco años en la DEA, y Sensi fueron arrestados tras una operación encubierta donde un confidente se hizo pasar por miembro del CJNG; durante los encuentros, los acusados presuntamente se jactaron de la experiencia y los contactos de Campo en la lucha antidrogas para ofrecer sus servicios.
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El fiscal federal Jay Clayton afirmó que Campo “traicionó la misión que se le encomendó” durante su carrera, un comentario que subraya la gravedad de la presunta traición institucional.
Este escándalo no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema más arraigado,un recuento periodístico identificó al menos a dieciséis agentes de la DEA imputados federalmente en la última década por delitos graves.
Estos casos revelan “agujeros en la supervisión” de la agencia, según se documenta; en respuesta a escándalos previos, la DEA implementó controles más estrictos para las operaciones encubiertas y políticas de tolerancia cero, aunque este caso sugiere que los desafíos persisten.
La sombra de la corrupción y la incompetencia institucional se extiende más allá de la DEA, con episodios históricos que dejaron consecuencias mortales como el fallido operativo “Rápido y Furioso” permitió que miles de armas cruzaran a México para rastrear cárteles, pero muchas se perdieron y se usaron en crímenes.
Una investigación interna del Departamento de Justicia calificó años después esa operación como irresponsablemente supervisada, un precedente preocupante de falta de rendición de cuentas.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, reconoció que las acciones de Campo, aunque ocurrieron tras su retiro, “socavan la confianza del público en las fuerzas del orden”.
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Los cargos contra los acusados incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, lo que conlleva una pena mínima obligatoria de veinte años de prisión, aunque ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos sin fianza, mientras la investigación continúa.
Este caso subraya la paradoja de que quienes fueron designados para proteger a la sociedad puedan convertirse, mediante la corrupción, en su mayor vulnerabilidad; la infracción no es solo legal, sino una traición al contrato social que sustenta la autoridad.
Mientras el sistema judicial avanza, la pregunta persistente es si los mecanismos de rendición de cuentas son suficientes para sanear instituciones donde la confianza ha sido, una vez más, gravemente quebrantada por quienes juraron defenderla.
