La secretaria de Educación, Linda McMahon, firmó seis acuerdos interagenciales con los departamentos de Trabajo, Interior, Salud y Servicios Humanos, y Estado. CORTESIA: Secretary Linda McMahon / Facebook
La administración del presidente Donald Trump inició una reorganización radical del Departamento de Educación transfiriendo responsabilidades clave a otras agencias federales.
En un movimiento anunciado el 18 de noviembre, la secretaria de Educación, Linda McMahon, firmó seis acuerdos interagenciales con los departamentos de Trabajo, Interior, Salud y Servicios Humanos, y Estado.
McMahon defendió el plan como un esfuerzo por reducir la “burocracia” y devolver la educación a los estados.
Sin embargo, más de treinta senadores demócratas calificaron la medida de “escandalosa” e “ilegal” y en una carta a McMahon, los legisladores argumentaron que el plan viola la ley de asignaciones, la cual prohíbe transferir fondos sin autorización expresa del Congreso.
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Advirtieron que la acción “pondrá en peligro la financiación y el apoyo en el que confían decenas de millones de estudiantes, maestros y familias”.
Las transferencias anunciadas son de gran alcance pues el Departamento de Trabajo asumirá la administración de programas federales de educación primaria, secundaria y superior.
Esto significa que programas emblemáticos para el acceso universitario, como TRIO y GEAR UP, serán gestionados por una agencia cuya misión principal es la fuerza laboral.
Otras transferencias envían programas de educación indígena al Departamento del Interior, y apoyo para guarderías en campus universitarios al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Los defensores de la administración insisten en que la reestructuración creará eficiencia y McMahon sostiene que al asociarse con agencias que tienen experiencia en áreas relacionadas, se puede mejorar la gestión de los programas educativos.
Por ejemplo, el Departamento del Interior, que ya trabaja con tribus nativas, se convertirá en el punto de contacto principal para los programas de educación indígena.
Los críticos, incluyendo grupos defensores de la educación, ven un patrón de desmantelamiento y argumentan que la medida socava la misión del Departamento de Educación y perjudica a los estudiantes.
Los senadores opositores enfatizan que esta es la única agencia federal cuya misión exclusiva es mejorar los resultados educativos y hacer cumplir las protecciones de derechos civiles.
El debate central gira en torno a la experiencia y el mandato legal y los senadores argumentan que el Departamento de Trabajo carece de la experiencia necesaria para administrar complejos programas educativos.
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También señalan que las otras agencias no han proporcionado información sobre su capacidad para llevar a cabo estos programas, lo que genera riesgos de retrasos en la financiación crítica.
La carta de los senadores urge a McMahon a invertir el curso inmediatamente y a enfocarse en acciones que realmente ayuden a los estudiantes.
Con el proceso en curso y una feroz oposición en el Congreso, esta reestructuración se perfila como la próxima gran batalla política sobre el futuro de la educación federal en los Estados Unidos.
