El veterano del ejército George Retes, de California y Dayanne Figueroa, de Chicago, testificaron sobre sus detenciones por parte de ICE, siendo ambos ciudadanos americanos. CORTESIA: C-SPAN
Un informe del Senado y testimonios desgarradores han expuesto una crisis de derechos civiles en Estados Unidos; ciudadanos estadounidenses, incluidos veteranos, relatan detenciones violentas e injustificadas por parte de agentes de inmigración.
Estos casos, lejos de ser errores aislados, forman parte de un patrón sistemático que un reciente fallo de la Corte Suprema ha facilitado, según denuncian legisladores y organizaciones civiles.
La investigación documenta una realidad alarmante donde el estado de derecho parece desvanecerse para ciertos ciudadanos.
Te puede interesar: Endurecen medidas para salir de EU con escaneo facial y presencia de ICE
El veterano del ejército George Retes detalló su experiencia ante el Congreso: “Me identifiqué como ciudadano estadounidense y veterano, pero eso no importó. Agentes rompieron mi ventana, rociaron gas y me arrastraron“.
Relató que lo sometieron con una rodilla en el cuello y lo detuvieron tres días sin cargos, abogado o atención médica, a pesar de sus súplicas.
Dayanne Figueroa, de Chicago, narró un episodio similar donde un vehículo federal chocó su auto: “Les rogué que me dijeran quiénes eran y adónde me llevaban”, testificó, describiendo cómo agentes enmascarados la detuvieron durante horas.
Sus historias son parte de un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado titulado “Autoridad sin Control”.
El documento, basado en decenas de testimonios, denuncia agresiones físicas, negación de atención médica y detenciones prolongadas a ciudadanos.
El senador Richard Blumenthal calificó los hechos de “conmocionantes” y exigió responsabilidades a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Esto debería ser irreconocible como Estados Unidos”, declaró el legislador tras escuchar los relatos.
Estas prácticas operan en un nuevo marco legal establecido por la Corte Suprema; en septiembre de 2025, cuando el tribunal revocó, por seis votos a tres, una orden que limitaba las redadas basadas en perfil racial en Los Ángeles.
La decisión permite a los agentes considerar factores como la raza o el acento al realizar detenciones, argumentando que son “herramientas prácticas” para identificar extranjeros.
Legisladores hispanos condenaron el fallo, afirmando que convierte los derechos de la comunidad latina en “condicionales” y traiciona la Constitución.
Paralelamente, el ciudadano Leonardo García Venegas interpuso una demanda colectiva tras ser detenido dos veces en Alabama a pesar de mostrar su identificación.
Su caso argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional autoriza redadas basadas en la “suposición general” de que los trabajadores latinos son indocumentados y la demanda alega violaciones a la Cuarta Enmienda y busca proteger a todos los ciudadanos y residentes legales en obras de construcción.
La postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional es categórica; la subsecretaria Tricia McLaughlin ha declarado que “ICE NO arresta o deporta a ciudadanos estadounidenses”.
Sostiene que las detenciones se basan en “sospecha razonable” de estar ilegalmente en el país, no en características raciales.
Y sobre el caso Venegas, el departamento alegó que “intentó obstruir el arresto legal” de otra persona, justificando así su intervención.
Sin embargo, el propio informe senatorial y investigaciones periodísticas independientes documentan al menos ciento setenta casos en el año, una cifra que se considera una subestimación debido a la falta de registros oficiales.
La investigación de ProPublica identificó a casi veinte niños ciudadanos que fueron detenidos, algunos durante semanas, sin acceso a representación legal.
La intersección entre el fallo judicial y las tácticas de aplicación marca un punto de inflexión para las libertades civiles; críticos como el congresista Ro Khanna acusan a la Corte de “traicionar la Constitución” al validar el perfil racial.
Este precedente no solo afecta a California, sino que sienta las bases para una expansión nacional de estas prácticas, erosionando la protección contra registros e incautaciones irrazonables.
Para las comunidades impactadas, las consecuencias son tangibles y aterradoras; muchos ciudadanos reportan vivir con miedo, llevando consigo pasaportes para probar su nacionalidad en cualquier momento.
El trauma trasciende el momento de la detención, dejando secuelas físicas y psicológicas, así como una profunda desconfianza en las instituciones que deberían protegerlos.
El debate político está servido y promete escalar y demócratas en el Congreso prometen avanzar legislación para frenar estos abusos y exigen la renuncia de la secretaria Noem o de lo contrario sería sometida a impugnación y juicio político.
Algunos, como el representante García, han propuesto incluso “despojar al ICE de todo su financiamiento” si retoman el control legislativo, señalando una batalla política intensa por delante.
Mientras tanto, la administración defiende sus métodos como necesarios para la seguridad nacional y el estado de derecho, enmarcando la polémica dentro de su estrategia más amplia de disuadir la migración ilegal.
Este enfrentamiento refleja divisiones profundas sobre la identidad nacional, la seguridad fronteriza y el alcance permisible del poder estatal.
El caso de George Retes simboliza esta encrucijada de manera poderosa; un veterano que sirvió a su país y luego fue tratado como un extranjero en su propia tierra.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Su pregunta durante su testimonio: “¿Qué podemos hacer juntos para asegurar que esto no vuelva a suceder?”, resuena en un país profundamente dividido.
La respuesta definirá no solo el futuro de la aplicación de la ley de inmigración, sino el equilibrio fundamental entre la seguridad y la protección de las libertades civiles para todos los estadounidenses.
