El fin de semana fuerzas estadounidenses interceptaron dos buques; el sábado fue el “Centuries” y el domingo con la persecución del “Bella 1”. CORTESIA: Department of War / Facebook
La administración del presidente Donald Trump ha iniciado una campaña de interdicción marítima sin precedentes contra Venezuela, calificando las acciones como un “bloqueo” a los buques tanque sancionados.
Esta medida, que algunos tratados internacionales equiparan con un acto de guerra, busca estrangular la principal fuente de ingresos del gobierno de Nicolás Maduro.
Las operaciones, ejecutadas por la Guardia Costera sin autorización expresa del Congreso, representan una escalada militar significativa en la presión contra Caracas.
En días consecutivos, fuerzas estadounidenses interceptaron dos buques; el sábado fue el “Centuries”, con bandera panameña y cargado con dos millones de barriles de crudo venezolano con destino a China.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó en redes sociales que era “un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota sombra venezolana” y aunque el barco no figuraba en listas de sanciones, Estados Unidos aseguró que transportaba petróleo estatal venezolano sancionado.
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La tensión aumentó el domingo con la persecución del “Bella 1”, un tanquero con sanciones por vínculos con Irán que se dirigía a Venezuela vacío.
Un helicóptero estadounidense sobrevoló la embarcación en aguas internacionales, aunque el buque intentó evadir la captura continuando su travesía y un segundo oficial estadounidense declaró anónimamente que la Guardia Costera estaba en “persecución activa” de este “buque de la flota oscura”.
La justificación central de Washington es debilitar financieramente a un régimen que acusa de “narco-terrorismo”; el presidente Trump ha tildado al gobierno de Maduro de “organización terrorista extranjera” que usa el petróleo sancionado para financiar el tráfico de drogas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó las acciones, afirmando que Estados Unidos perseguirá “el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se usa para financiar el narco-terrorismo”.
Caracas ha rechazado las interceptaciones con firmeza, calificando el bloqueo de “amenaza imprudente y grave” para la paz regional, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciando el “robo y secuestro de un nuevo buque privado” y prometió llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU.
Este incidente se suma a la incautación previa del buque “Skipper” el 10 de diciembre, marcando una clara intensificación.
La comunidad internacional observa con preocupación, destacando la crítica de China; el portavoz de Exteriores chino, Lin Jian, declaró que la “apropiación arbitraria de buques extranjeros viola gravemente el derecho internacional”.
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Dado que China es el principal comprador del crudo venezolano, estas acciones tensan aún más la ya compleja relación entre Washington y Pekín.
Expertos advierten sobre un costo humano devastador más allá de la geopolítica; Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en la Universidad Rice, alertó que cortar todos los ingresos petroleros llevaría a una “reducción masiva de las importaciones de alimentos”.
