El diputado César Aguilar también denunció la supuesta explotación laboral en estos centros de detención privados. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Líderes demócratas de Arizona utilizaron por primera vez el término “tráfico de personas” para definir los operativos de inmigración a nivel nacional y advirtieron que la nueva administración considera deportables incluso a ciudadanos americanos de padres inmigrantes, residentes permanentes y beneficiarios de DACA y asilo político.
La congresista Yassamin Ansari, el diputado estatal César Aguilar y la concejal de Phoenix Anna Hernández, entre otros lideraron estas duras críticas, señalando que los procesos se alargan para poner a más personas en riesgo de deportación.
Estas acusaciones se enmarcan en el plan de ICE de renovar almacenes industriales para detener a más de 80,000 inmigrantes a la vez, según documentos revisados por The Washington Post.
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El sistema incluiría siete centros masivos, uno de ellos en Arizona, con capacidad para entre 5,000 y 10,000 personas cada uno.
Este ambicioso proyecto representa una oportunidad de negocio sin precedentes para las empresas carcelarias privadas GEO Group y CoreCivic, cuyas acciones se dispararon tras la elección de Trump.
Ambas empresas, donantes millonarios de campañas republicanas, esperan duplicar sus servicios con la nueva administración.
ICE detiene a esposa de dueño de Taco Loko
Un ejemplo concreto de la política denunciada es la detención de Flor Ivet Vargas-Loya, esposa del dueño del restaurante El Taco Loko, Blademir Angulo Audeves.
Fue arrestada por ICE el 24 de diciembre frente a una tienda TJ Maxx en Laveen, a pesar de tener presencia legal y estar esperando la renovación de su DACA.
Su abogado, Ray Ybarra-Maldonado, reportó el hecho, que ilustra cómo se está arrestando a personas que siguen los protocolos pero enfrentan demoras administrativas.
El diputado César Aguilar también denunció la supuesta explotación laboral en estoscentros y señaló también el caso de Blademir Angulo Audeves, interno forzado a trabajar por un pago muy inferior al salario mínimo, dinero que no puede enviar a su familia. Esta práctica tiene base legal: una ley de Arizona de 2007 permite a empleadores alquilar mano de obra penitenciaria, incluyendo a migrantes indocumentados con detenedores de ICE, por salarios tan bajos como $4.75 la hora.
“Si son migrantes detenidos, entonces caería bajo la ley de trabajo penitenciario de Arizona”, explicó un profesor de derecho local.
Otro caso que se ha hecho muy público es el de Arbella “Yari” Márquez, residente legal que se acerca ya al año detenida en Florence y que se encuentra en grave estado de salud por su padecimiento de Leucemia y temen que al no recibir la atención médica necesaria podría morir en el centro de detención.
En lo que va de 2025, al menos 32 inmigrantes han muerto bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Esta cifra convierte a 2025 en el año más mortífero en los centros de detención en las últimas dos décadas, igualando el récord negativo de 2004.
“Todos somos deportables”
La advertencia fue emitida en una conferencia de prensa que reunió a una amplia coalición de líderes; entre ellos estuvieron el diputado estatal César Aguilar, la congresista Yassamin Ansari y la concejal de Phoenix Anna Hernández.
También participaron las legisladoras Analise Ortiz, Mariana Sandoval, Catherine Miranda, Anna Abetia y la senadora inmigrante de México, Karina Ruiz.
Igualmente Ricardo Reyes, de la organización Vets FWD, y otros defensores de derechos migrantes, como y Dulce Matus de Arizona Dream Act Coallition, quienes mostraron unidad frente a lo que califican como una emergencia humanitaria.
Los líderes insistieron en que, a ojos de la nueva administración, “todos somos deportables”.
Subrayaron que incluso personas con procesos en curso o que están saliendo del país están siendo detenidas en la frontera y enviadas a centros de detención privados; estos centros, operados por GEO Group y CoreCivic, cobran al gobierno por cada ingreso, creando un lucrativo incentivo para mantener altos niveles de ocupación.
“Geo Group se creó para este momento único”, dijo su fundador en una llamada con inversores.
Las acusaciones de los demócratas de Arizona pintan un panorama sombrío donde la política migratoria se convierte en un sistema de tráfico de personas con fines de lucro.
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Con un plan para detener a decenas de miles en almacenes, denuncias de explotación laboral y casos como la detención en Nochebuena de Vargas-Loya, la polémica sobre el alcance y los métodos de las deportaciones masivas promete intensificarse en los próximos meses.
La comunidad inmigrante y sus defensores se preparan para una etapa de resistencia legal y política frente a lo que consideran un ataque sin precedentes a sus derechos.
