Ante el despliegue de más de 2 mil agentes de ICE, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison interpuso una demanda contra el gobierno federal. Foto: Cortesía / ICE Flikr
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump, acusando de una ‘invasión federal’ por el despliegue de más de dos mil agentes de migración con la operación “Operación Metro Surge”.
Dicha demanda surge en un contexto de tensión por dos eventos clave: la muerte Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, en manos de un agente federal el pasado 7 de enero, así como el anuncio oficial de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Somalia.
El fiscal Ellison señaló que el despliegue de los agentes, quienes destacó, no están identificados y usan máscaras para cubrir su rostro y otras tácticas militares violenta Décima Enmienda de la Constitución.
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Además, acusó de represalias al gobierno federal por sus políticas de ciudades santuario, que protegen a las comunidades inmigrantes.
“Estamos viendo arrestos sin orden judicial en escuelas y paradas de autobús. Esta operación está castigando a todo un estado por sus diferencias políticas con Washington”, declaró.
Dicha demanda busca una orden de restricción inmediata para impedir que los agentes de ICE realicen arrestos sin identificarse plenamente y para que se mantengan alejados de zonas sensibles como hospitales y centros educativos.
Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se unió a la demanda y calificó las acciones de ICE como “temerarias”.
De igual manera, dijo que la policía local ha tenido que responder a múltiples llamadas de emergencia por lo que los residentes describen como “secuestros” realizados por agentes en vehículos sin distintivos y con uniformes sin identificación clara.
“Lo que estamos presenciando en nuestras calles no es una operación de seguridad, es una invasión federal. Estos agentes están operando en vehículos sin distintivos, con los rostros cubiertos y sin identificarse, sembrando el caos en vecindarios donde las familias ya viven con miedo”, recalcó.
“Regresen a su país o serán deportados”
Por su parte, fuera de recuar, el gobierno federal anunció el fin de los beneficios del TPS para ciudadanos de Somalia, bajo el argumento de que las condiciones en ese país han mejorado lo suficiente como para que ya no califiquen para esta protección humanitaria.
De igual manera se han pronunciado algunas figuras políticas sobre presuntos fraudes en guarderías operadas por somalíes, donde según los señalamientos, se habrían robado millones en fondos federales.
Estas acusaciones públicas ha provocado una persecusión y hostigamiento contra ciudadanos de Somalia y sus negocios, sin importar que no tengan relación con las investigaciones de fraude.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los beneficios del TPS para Somalia finalizarán formalmente el 17 de marzo de 2026 y advirtió a los somalíes que si no regresan a su país, serán deportados.
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“Minnesota se ha convertido en un refugio para el fraude masivo y la actividad criminal bajo el amparo de políticas de ‘santuario’. No vamos a pedir permiso para hacer cumplir la ley federal. El fin del TPS para los somalíes y estos operativos son una respuesta necesaria a años de abuso de nuestros sistemas de asistencia social”, declaró Noem.
De igual manera, la comunidad se ha unido con manifestaciones y protestas ante el despliegue de agentes federales en Minnesota y la muerte de Renee Nicole Good.
