La gobernadora Katie Hobbs dirigió su cuarto informe de gobierno ante la Casa de Representantes de Arizona el pasado lunes. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
En el último informe de su primera administración, la gobernadora Katie Hobbs delineó una agenda ambiciosa para hacer de Arizona un estado más asequible, seguro y educado, en un discurso que sirvió también como un contundente rechazo a las políticas de la administración Trump.
Este llamado al trabajo bipartidista se da a inicio del año electoral y en medio de un panorama profundamente dividido, donde republicanos y demócratas no logran consensuar soluciones para los problemas más urgentes de los arizonenses.
El tema de la asequibilidad dominó el inicio de la sesión legislativa, con ambos partidos prometiendo alivio económico pero culpándose mutuamente de la crisis; los demócratas culparon directamente a los aranceles del presidente Trump del aumento de precios.
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Hobbs propuso un recorte de impuestos de 200 millones de dólares para la clase media y criticó los créditos fiscales para centros de datos, argumentando que no pagan lo justo por el agua.
Para atacar la crisis de vivienda, Hobbs anunció un nuevo “Fondo de Aceleración de la Vivienda”, parte de su programa “Arizona es el Hogar”, el cual busca financiar construcción asequible; los republicanos, sin embargo, acusaron a la gobernadora de empeorar los costos, argumentando que sus políticas han elevado el precio de la gasolina y la vivienda.
En seguridad fronteriza, el discurso de Hobbs fue de abierta confrontación con Washington; declaró que Arizona ha gastado más de 700 millones de dólares asumiendo costos federales en seguridad, y exigió públicamente el reembolso al gobierno de Trump.
Esta tensión se enmarca en un contexto de máxima alerta, con el presidente del Senado estatal anticipando una expansión de las operaciones del ICE en Arizona.
Esta polarización se ha reflejado en las calles, con protestas en Phoenix y Tucson tras la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE en Mineápolis. Mientras los legisladores republicanos presentaron un proyecto para criminalizar la obstrucción durante protestas, generando mayor división.
El tema educativo evidenció otra fractura profunda; Hobbs exigió transparencia y supervisión al programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés), tras descubrirse gastos en artículos de lujo.
Recibió una ovación de los demócratas al prometer rendición de cuentas, pero el presidente del Senado respondió con firmeza que “nada cambiará”.
La seguridad hídrica emergió como una prioridad compartida, pero de abordaje conflictivo; Hobbs y los líderes republicanos coincidieron en la necesidad de luchar por la parte justa de Arizona del río Colorado, vital para el 30% del suministro estatal.
La gobernadora criticó la exención fiscal para centros de datos por su alto consumo de agua.
Este choque de visiones define un año electoral decisivo, donde Hobbs busca la reelección y sus rivales republicanos ya han criticado su gestión, acusándola de liderazgo débil y de empeorar la economía.
El llamado final de Hobbs a la unidad resonó como un intento de apelar a un electorado exhausto por la polarización.
La agenda de Hobbs para un “Arizona Asequible” choca así con un muro de desacuerdos partidistas y políticas federales controvertidas; el éxito de sus propuestas dependerá no solo de su capacidad de negociación en una legislatura dividida, sino también de su poder para movilizar a los votantes alrededor de una visión estatal que se define, en gran medida, en oposición a Washington.
