Los legisladores republicanos de Arizona proponen que se califique como delito el obstaculizar o intimidar a agentes de ICE Fotos: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Un movimiento nacional de protesta, desatado por la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), llegó al corazón de Arizona, donde se encuentra con una respuesta legislativa republicana que busca criminalizar la obstrucción a los arrestos migratorios y con la creciente expectativa de que Phoenix será el próximo epicentro de una redada federal masiva.
La muerte de Renee Nicole Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, ocurrió el 7 de enero en Minneapolis durante un operativo del ICE, mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la acción como legítima defensa, las autoridades locales y videos de los hechos cuestionaron esa versión, transformando el caso en un símbolo de impunidad.
Este hecho detonó un “Fin de Semana de Acción Nacional” los días 10 y 11 de enero, coordinado por la coalición “ICE Out For Good”, que superó las mil protestas en todo el país.
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En Arizona, el movimiento tomó forma en múltiples ciudades del Valle como en Mesa, cientos de personas se congregaron en varias intersecciones y puentes peatonales, ondeando pancartas y coreando “¡Fuera ICE!” mientras conductores tocaban sus bocinas en apoyo.
Las protestas combinaron la demanda política con la educación comunitaria, distribuyendo tarjetas rojas con información sobre derechos constitucionales.
En Anthem, casi 200 personas se reunieron, con la presencia del candidato demócrata Alexander Smothers, quien declaró: “Necesitamos que la gente se movilice… para que los republicanos y Donald Trump sepan que no lo vamos a tolerar más”.
También se registraron concentraciones en Tempe, Scottsdale, Surprise y Tucson mostrando un rechazo extendido.
En Phoenix durante 4 tardes consecutivas se llevaron a cabo marchas por la Avenida Central que culminaron con vigilias y manifestaciones masivas frente a las oficinas de ICE.
Este estallido social en Arizona se produce en un momento de máxima alerta para las comunidades inmigrantes y mientras reportes de medios indican que el área metropolitana de Phoenix sería el próximo blanco de una escalada significativa en las operaciones de arresto, detención y deportación del ICE, como parte de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump.
“Nadie está a salvo de la temeridad de esta administración”, advirtió la senadora estatal Analise Ortiz, señalando que el ICE ha sido “más descarado en su actividad”. Además se anticipa la construcción de más instalaciones de detención, incluyendo un posible centro de procesamiento en Glendale para 500 a 1500 personas.
La repuesta republicana
Fue en este clima de protesta pública y temor comunitario que la mayoría republicana en la legislatura estatal presentó su contramovida y al inicio de la legislatura, el fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, junto a líderes republicanos como el senador Warren Petersen y el representante John Gillette, anunció una propuesta para modificar la ley estatal.
La iniciativa busca expandir la definición de “obstrucción a las operaciones gubernamentales” para incluir el “amenazar o intimidar” a un oficial durante un arresto, con penas que podrían llegar a seis meses de cárcel.
“Esta ley traza una línea constitucional. Observen, graben, pregunten, pero no obstruyan físicamente ni amenacen de maneras que aumenten el peligro”, argumentó Miller.
Sin embargo, la conferencia de prensa para anunciar la medida fue interrumpida y finalmente ahogada por una multitud de manifestantes que tocaban tubas, trombones y cantaban consignas como “¡ICE mata a mamás!” y “¡Renee Good, presente!”.
Los legisladores tuvieron que replegarse al interior de la Cámara de Senadores, seguidos por los manifestantes, que colocaron sus pancartas contra las puertas de vidrio.
Los promotores de la ley, como el representante Gillette, insistieron en que es necesaria porque “los agentes del ICE son oficiales de la ley jurados y no se les debe resistir. Cumplan la ley; obedezcan, no mueran”.
Mientras, sus críticos ven la propuesta como un intento de criminalizar la disidencia y proteger a una agencia bajo escrutinio.
“Desalojan” a Home Depot
Paralelamente, el conflicto se extiendió al sector privado cuando activistas y legisladores en varios estados, incluidos Illinois y California, dirigieron su mirada hacia Home Depot, exigiendo que la cadena prohíba explícitamente el acceso de agentes del ICE a sus estacionamientos sin una orden judicial.
Los manifestantes acusan a la empresa de lucrar con los jornaleros que buscan trabajo frente a sus tiendas, mientras no los protege de las redadas.
“Home Depot se beneficia del trabajo y de las comunidades que hoy están siendo atacadas… no actuar equivale a complicidad”, declaró Roman Palomares, Presidente Nacional de LULAC. La empresa ha respondido que no es notificada de las operaciones y debe cumplir con la ley.
En Phoenix, organizaciones como Semilla AZ, PSPL Phoenix, Vets FWD y otras se hicieron presentes al interior de las instalaciones de Home Depot de la Calle 36 y Thomas, donde recientemente fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos trabajadores mexicanos que quedaron a disposición del ICE.
La presión de los manifestantes es para que la corporación se pronuncie en contra de las políticas antiinmigrantes que irónicamente afectan a un gran porcentaje de sus clientes.
La desinformación de la IA
Un fenómeno contemporáneo ha surgido en medio de esta polarización: la desinformación generada por inteligencia artificial. Varios videos falsos, que muestran desde sacerdotes enfrentándose al ICE hasta manifestantes confesando que les pagan por protestar, se han viralizado en redes sociales.
Estos contenidos, identificables por errores en uniformes o anomalías visuales, buscan desacreditar el movimiento legítimo de protesta.
Este hecho añade una capa de complejidad al debate público, donde distinguir la realidad de la manipulación se vuelve cada vez más crucial.
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Al inicio de la 57 legislatura, Arizona se encuentra en una encrucijada definitoria. Por un lado, un movimiento cívico diverso y enérgico, galvanizado por una muerte en el Medio Oeste y alimentado por el temor a una inminente oleada represiva en el Valle, exige justicia y la salida del ICE de sus comunidades.
Por el otro, un poder legislativo alineado con la Casa Blanca responde proponiendo nuevas herramientas penales para, según dice, proteger a los agentes federales.
Este forcejeo entre el derecho a protestar y la potestad de aplicar la ley, entre la exigencia de rendición de cuentas y la narrativa del orden, no hará más que intensificarse. La batalla por las calles de Phoenix y por el alma de Arizona, lejos de terminar, apenas comienza.
