Alex Jeffrey Pretti no era un agitador anónimo; era un ciudadano estadounidense, un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de la VA que dedicaba su vida a salvar a otros y su padre, Michael Pretti, lo describió como alguien que “se preocupaba profundamente por la gente” y estaba “muy disgustado” con las tácticas de ICE. CORTESIA: MIchael Pretti
Familiares y amigos lo recuerdan como un humanista preocupado por los abusos a su comunidad
La muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis no es solo otra estadística; es el punto de ignición que transforma una crisis política en una tragedia humana íntima, exponiendo la profunda fractura entre las autoridades federales y la comunidad a la que dicen proteger.
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Su historia personal choca frontalmente con la narrativa oficial, dejando una ciudad sumida en el duelo y la indignación, y cuestionando el costo humano de una estrategia de seguridad nacional que parece haber perdido toda proporción.
Pretti no era un agitador anónimo; era un ciudadano estadounidense, un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de la VA que dedicaba su vida a salvar a otros y su padre, Michael Pretti, lo describió como alguien que “se preocupaba profundamente por la gente” y estaba “muy disgustado” con las tácticas de ICE.
Un hombre con un permiso de armas, amante de la naturaleza y dueño de un perro querido, su perfil dista años luz del “hombre armado” y terrorista doméstico que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó tras el tiroteo.
La contradicción entre la versión oficial y la imagen de Pretti es abismal; el DHS afirma que se acercó a los agentes con una pistola semiautomática, pero los videos de testigos muestran a un hombre con un teléfono, forcejeado por hasta seis agentes enmascarados antes de los disparos.
Su familia, que tuvo que confirmar su muerte llamando a la oficina del médico forense porque ninguna agencia federal se comunicó con ellos, insiste en que nunca lo vieron portar su arma en público. Esta opacidad y falta de rendición de cuentas inmediata no hace más que alimentar la desconfianza y validar los peores temores de la comunidad.
El contexto convierte esta muerte en una explosión de mayor magnitud; Pretti protestaba por el asesinato de Renee Good, otra víctima de un tiroteo de ICE ocurrido apenas semanas antes.
Su participación en las marchas masivas de Minneapolis, donde miles desafiaron temperaturas bajo cero, lo sitúa como un ciudadano comprometido, no como una amenaza.
La cancelación del partido de la NBA de los Minnesota Timberwolves, citando la “seguridad de la comunidad”, subraya hasta qué punto la presencia federal ha desestabilizado la vida cívica normal de la ciudad.
La respuesta de las autoridades, hasta ahora, sigue un guion preocupantemente familiar; una declaración escueta del DHS, una investigación interna prometida y un silencio ensordecedor hacia la familia en duelo.
Este patrón, visto tras la muerte de Good, sugiere una estrategia de contención de daños mediáticos más que una búsqueda genuina de transparencia, mientras, la base política que apoya estas operaciones celebra la firmeza, y el agente que mató a Good ha recaudado más de un millón de dólares en donaciones, polarizando aún más el clima nacional.
Las consecuencias de esta muerte se extienden más allá de Minneapolis; es un caso de estudio sobre lo que sucede cuando una fuerza federal, percibida como ajena y hostil, se despliega de manera masiva en centros urbanos estadounidenses.
La legitimidad de las instituciones se erosiona con cada declaración oficial que choca con la evidencia visual y el testimonio de los ciudadanos comunes, pero para la familia Pretti, la pérdida es irreparable y el dolor, agravado por la incertidumbre y la lucha por obtener respuestas básicas.
En última instancia, la historia de Alex Pretti es un recordatorio sombrío de que, en medio de las grandes batallas políticas sobre inmigración y seguridad, hay vidas individuales de un valor incalculable que pueden perderse en un instante de confusión y fuerza desmedida.
Su muerte cuestiona no solo las tácticas de un día en particular, sino la dirección moral de una nación que debe decidir si sus agentes son protectores de la comunidad o una fuerza de ocupación en sus propias calles.
Mientras Minneapolis llora y protesta, la carga de la prueba recae enteramente sobre un gobierno que ha perdido, ante los ojos de muchos, el beneficio de la duda.
Denuncian bloque federal
La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota denuncia que agentes federales le impidieron el acceso a la escena donde un agente de la Patrulla Fronteriza mató a tiros a un hombre, a pesar de contar con una orden judicial firmada.
El superintendente de la BCA, Drew Evans, declaró que primero fueron rechazados en el lugar por el Departamento de Seguridad Nacional, y luego, incluso después de obtener una orden que confirmaba causa probable, las autoridades federales volvieron a bloquear su acceso.
“Se nos denegó el acceso después de proporcionar la información de que teníamos una orden”, confirmó Evans.
Este incidente, ocurrido la mañana del sábado en el sur de Minneapolis, marca la tercera vez en menos de tres semanas que investigadores estatales son apartados de una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, un enfermero de terapia intensiva y ciudadano estadounidense con un permiso para portar armas.
Evans calificó la situación de “territorio inexplorado”, subrayando que en sus más de veinte años de experiencia nunca antes se le había negado el acceso a una escena.
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La falta de cooperación federal sigue un patrón que comenzó con la investigación de la muerte de Renee Good, abatida por un agente de ICE el 7 de enero.
En ese caso, la BCA también se retiró de la investigación después de que el FBI, que inicialmente aceptó una investigación conjunta, negara posteriormente a los funcionarios estatales el acceso a las pruebas y la tensión institucional llegó al punto de que una agente del FBI en Minnesota renunció a su cargo luego de enfrentar presiones internas para frenar la investigación del tiroteo de Good.
Mientras el DHS afirma que sus agentes efectuaron “disparos defensivos” después de que un individuo se acercara con una pistola semiautomática, el gobernador Tim Walz acusó a la administración federal de bloquear la intervención estatal y pidió el fin de la operación.
“El sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra sobre esto”, afirmó Walz, quien ha solicitado la retirada de los agentes federales del estado.
