La gigantesca estructura, equivalente a siete campos de fútbol americano, está ubicada en un parque industrial al norte del cruce de Dysart y Cactus Road. CORTESIA: Google Maps
Sería parte de un plan nacional para usar almacenes como centros de detención
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) compró una bodega de 418,000 pies cuadrados en Surprise, Arizona, por más de 70 millones de dólares.
Esta adquisición se enmarca en un plan nacional para convertir almacenes industriales en centros de detención masiva y el gobierno federal no ha explicado el propósito específico de la instalación.
La falta de transparencia ha generado alarma y protestas entre legisladores y grupos defensores de derechos civiles.
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La gigantesca estructura, equivalente a siete campos de fútbol americano, está ubicada en un parque industrial al norte del cruce de Dysart y Cactus Road.
Hasta ahora, el edificio aparece vacío y sin actividad visible, las autoridades locales declararon no tener conocimiento de ningún proyecto federal asociado a esa dirección.
La compra se realizó sin notificar a la ciudad de Surprise, lo que aumentó la desconfianza de la comunidad.

Legisladores demócratas del estado expresaron profunda preocupación, señalando que esto podría ser el primer paso para una ofensiva migratoria agresiva en Arizona.
Temen que se repliquen aquí los conflictos vividos en Minnesota, donde operaciones del ICE han generado protestas, demandas y la muerte de dos ciudadanos.
La falta de transparencia es un patrón en la expansión de la capacidad de detención de la agencia.
Esta adquisición no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia nacional revelada por documentos internos.
Según reportes, el ICE planea establecer siete grandes almacenes con capacidad para miles de personas cada uno y el objetivo declarado es crear un sistema para acelerar las deportaciones masivas; los estados contemplados para estos centros son Arizona, Georgia, Louisiana, Missouri, Texas y Virginia.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) obtuvo documentos que confirman que el ICE considera activamente abrir seis nuevos centros en el país.
Algunas de las ubicaciones evaluadas son antiguas prisiones con historiales documentados de violencia y abuso; la ACLU advierte que esta expansión se realiza en secreto y con fondos públicos.
Para lograr esta rápida expansión, la agencia ha declarado una “emergencia nacional” y utiliza contratos sin licitación.
Estos contratos benefician a grandes empresas carcelarias privadas, como CoreCivic y GEO Group, que han visto dispararse sus ganancias.
El Congreso ha destinado 45,000 millones de dólares para la detención migratoria; sin embargo, esta estrategia enfrenta resistencia legal y comunitaria en varios frentes.
En Minnesota, un juez federal ordenó al director del ICE comparecer ante el tribunal para explicar sus tácticas.
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En ciudades como Leavenworth, Kansas, los gobiernos locales han demandado para bloquear la reapertura de centros por considerarlos un peligro. El futuro de la bodega de Surprise sigue siendo una incógnita, pero activistas y residentes prometen vigilar de cerca cualquier movimiento.
La compra simboliza la creciente intersección entre la política migratoria, el secretismo gubernamental y la privatización del sistema de detención.
Mientras tanto, la comunidad espera respuestas que el gobierno federal aún no proporciona; este caso ilustra cómo las políticas de inmigración se materializan en infraestructuras concretas que impactan directamente a las ciudades.
El debate sobre los métodos y la escala de la detención migratoria continúa, con Arizona nuevamente en el centro de una controversia nacional de gran alcance y sensibilidad.











