Organizaciones comunitarias se hicieron escuchar tanto afuera como adentro del Concilio Municipal de Phoenix contra la presencia de ICE en Arizona. CORTESIA: Mike Cassidy / Poder In Action
Con la boca sellada con cinta negra y el grito atorado en la garganta, cientos de manifestantes tomaron el Concejo Municipal de Phoenix durante la sesión de estudio sobre la Iniciativa de Transparencia Comunitaria que fue concebida para escuchar al personal y no a la ciudadanía.
Afuera, consignas y reclamos; adentro, una docena de activistas se turnaban para rugir sin pausa, exigiendo ser expulsados antes que permanecer mudos.
Una mujer comenzó a gritar apenas Betty Guardado, hija de inmigrantes y concejal de Maryvale, intentó leer su moción.
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Guardado rió nerviosa al inicio, pero la risa se extinguió cuando comprendió que nadie callaría y cuando el ruido alcanzó niveles ensordecedores y los concejales ordenaron un receso de diez minutos.
Al regresar, no hubo debate y la votación fue 8 a 1, con Laura Pastor como única disidente.
La alcaldesa Kate Gallego y los concejales Waring, O’Brien, Guardado y Robinson abandonaron la sala casi de inmediato, dejando atrás a cientos de personas que transformaron las sillas vacías en un foro público durante más de una hora.
La iniciativa aprobada ordena al personal municipal documentar actividades migratorias que pudieran violar derechos civiles, capacitar empleados sobre la diferencia entre órdenes judiciales y administrativas, y recopilar datos sobre el impacto en servicios urbanos.
También evalúa restringir el uso de parques y propiedades municipales por “organizaciones externas”, un eufemismo que nadie en la sala se molestó en disimular.
Gallego citó el incidente donde agentes federales rociaron gas pimienta contra manifestantes “sin causa alguna”, calificándolo como “aparente asalto”.
Citó Minneapolis, citó estudios, citó la necesidad de materiales “Conozca sus Derechos”, pero no citó ninguna prohibición concreta.
Las cinco exigencias que las organizaciones como Poder in Action, Organized Power in Numbers y Phoenix Metro DSA llevaron al estrado, quedaron fuera del acta: financiar defensa contra deportaciones, vetar el uso de propiedades municipales por el Servicio de Inmigración, prohibir la represión de protestas, desmantelar el conducto arresto-deportación y cesar contratos con corporaciones que lucran con la migración. Pero ninguna fue incluida.
Ben Laughlin, de Poder in Action, calificó la directiva adicional sobre propiedades municipales como “un paso en la dirección correcta que no llega ni a la esquina”.
Andrea Luna Cervantes, de Organized Power in Numbers, resumió la frustración con crudeza: “El concejo debe hacer más que recolectar datos, encargar estudios y hablar de posibles demandas después de que nuestra gente sea brutalizada, desaparecida y asesinada. Necesitamos políticas proactivas que realmente impidan que el Servicio de Inmigración nos dañe en primer lugar”.
Su declaración retumba mientras el personal municipal inicia el conteo de cuarenta y cinco días para presentar ordenanzas.
Cuarenta y cinco días es mucho tiempo cuando, a treinta kilómetros de ahí, el Departamento de Seguridad Nacional ya compró un almacén de 418,000 pies cuadrados en Surprise para instalar una megacárcel de 1.500 camas, a una milla de una preparatoria.
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El alcalde Kevin Sartor confesó que nadie notificó a su ciudad; “los proyectos federales no están sujetos a regulaciones locales”, leyó en un comunicado que bien podría servir de epitafio para la iniciativa de Phoenix.
La comunidad del oeste y sur de Phoenix sigue preguntando si es seguro salir a la calle.
El concejo respondió con archivos, métricas y un plazo de cuarenta y cinco días.
