Las autoridades de Surprise se han declarado impotentes pese a la oposición de la comunidad ante la instalación de un centro de detenciones de ICE. CORTESIA: Progress Arizona
La compra secreta de un almacén por parte del gobierno federal para un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desencadenado una crisis de confianza en Surprise, Arizona y más de mil residentes protestaron airadamente, aunque la ciudad admite que tiene pocas herramientas legales para oponerse a los planes de Washington.
La chispa fue la revelación de que el Departamento de Seguridad Nacional pagó setenta millones de dólares en efectivo por un almacén de más de cuatrocientas mil pies cuadrados, ubicado cerca de Waddell y Dysart Road; la transacción se realizó sin notificar a las autoridades municipales, quienes, como el resto de la comunidad, se enteraron por los medios días después de concretada la venta.
El alcalde Kevin Sartor expresó su frustración ante la falta de información, declarando que “todo es especulación en este punto” y que, pese a sus intentos, no han recibido respuesta del ICE sobre el propósito o el cronograma del proyecto.
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Indignación y falta de transparencia
La indignación se materializó en la concurrida reunión del concejo municipal del martes, donde una multitud llenó la sala y los alrededores para exigir acción; un residente resumió el sentimiento general al afirmar.
“No queremos un centro de detención del ICE en Surprise. No queremos uno en Arizona. No queremos uno en ningún lugar de Estados Unidos”.
La proximidad del almacén a la preparatoria Dysart, donde aproximadamente el sesenta por ciento de los estudiantes son hispanos, fue una preocupación central citada repetidamente.
Alexandria Moen, una exalumna, advirtió al concejo que la instalación traería “más perfilamiento racial y mayor presencia policial” a la zona, asustando a los niños a quienes tienen el deber de proteger.
Más allá del impacto social, los residentes argumentaron que un centro con mil quinientas camas sobrecargaría los servicios de emergencia locales, desviando recursos vitales de bomberos, policía y servicios médicos de la comunidad y también señalaron que el verdadero beneficiario sería The Rockefeller Group, la corporación que recibió los setenta millones de dólares de los contribuyentes, mientras Surprise lidiaría con las consecuencias.
“El único que gana con este campo de concentración en nuestra comunidad son las megacorporaciones”, afirmó un miembro de la comunidad durante la protesta.
La barrera de la supremacía federal
Frente a esta presión, la respuesta oficial de la ciudad fue de impotencia jurídica; el alcalde Sartor y el concejal Chris Judd explicaron que, bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución, las agencias federales generalmente pueden ignorar las leyes locales de zonificación y planificación urbana.
“El gobierno federal tiene la ley suprema del país. Así que cualquier código municipal, zonificación, cualquier ley estatal que tengamos, simplemente no aplica”, afirmó Sartor, reconociendo que cualquier acción municipal podría llegar demasiado tarde. Un profesor de derecho de la Universidad de Arizona confirmó que el gobierno federal no tiene la obligación de cooperar con las autoridades de zonificación locales, aunque a menudo lo hace.
La controversia ya ha escalado a nivel federal, donde el congresista Paul Gosar, cuyo distrito incluye Surprise, envió una carta dura a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo “transparencia” y coordinación con una comunidad que no ha recibido ninguna.
En su misiva, Gosar subrayó que las preocupaciones sobre capacidad de infraestructura, seguridad pública y servicios de emergencia son “expectativas de sentido común”, no una postura en contra de la aplicación de la ley migratoria.
Una estrategia nacional bajo la lupa
Este episodio no es un caso aislado, sino parte de una estrategia nacional del ICE de adquirir grandes almacenes para convertirlos en centros de procesamiento y detención, una política que ha generado respuestas similares en estados como Florida, Indiana, Maryland y Misuri, pero en algunos casos, como en Kansas City y Oklahoma City, la presión pública y local ha logrado detener o revertir los planes, dando argumentos a los activistas de Surprise.
Mientras tanto, el fantasma de cómo opera el sistema actual alimenta los temores; en instalaciones del ICE en Oklahoma, abogados reportan condiciones carcelarias para inmigrantes sin antecedentes penales, donde las personas languidecen durante meses con acceso limitado a atención médica y con su salud mental deteriorándose.
Además, un cambio en la política de fianzas ha hecho que muchos detenidos solo puedan buscar su libertad a través de complejas peticiones de hábeas corpus en tribunales federales; esto, sumado al despido de más de cien jueces de inmigración reportado desde enero, genera preocupación sobre un sistema que prioriza la deportación sobre el debido proceso.
La ciudad de Surprise, conocida por su bajo índice de criminalidad y su carácter familiar, se encuentra así en una encrucijada y la comunidad ha hablado con una voz fuerte y unificada en contra del proyecto, pero se topa con la realidad de la preeminencia federal.
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El concejo continúa buscando aclaraciones y se compromete a compartir información, aunque el camino legal para oponerse parece estrecho, pero el resultado final podría depender de si la presión política, como la ejercida por el congresista Gosar, logra forzar una mayor transparencia o un cambio de planes desde Washington, siguiendo el ejemplo de otras comunidades que se han movilizado con éxito.
Por ahora, la promesa del ICE de que el lugar no será un simple almacén, sino un “centro de detención bien estructurado”, hace poco para calmar los ánimos en una comunidad que se siente ignorada y sobrepasada por su propio gobierno.
La lucha en Surprise refleja un conflicto nacional más amplio entre la autonomía local y las políticas federales de inmigración, donde el descontento ciudadano choca con los límites del poder municipal.
