El legislador republicano denuncia “estafa”, mientras activistas defienden la responsabilidad por perfil racial en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El congresista republicano Andy Biggs regresó al edificio donde fungió como senador estatal hace más de una década para presidir una audiencia de campo del subcomité de Crimen y Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, con el objetivo de denunciar lo que calificó como un “estafa” que ha costado a los contribuyentes 352 millones de dólares en 15 años de supervisión federal a la oficina del sheriff del condado Maricopa.
La audiencia, titulada “El Negocio del Monitoreo: La Estafa que Sigue Dando”, contó únicamente con la participación de miembros republicanos del comité y testigos afines, incluyendo a la supervisora Debbie Lesko y a Félix García, miembro del Comité Asesor Comunitario (CAB, por sus siglas en inglés)designado por la corte.
Biggs argumentó que existe un incentivo perverso para que los monitores federales prolonguen su presencia independientemente del cumplimiento.
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“Es una especie de estafa en la que incluso si estas jurisdicciones limpian lo que sea que fueran las acusaciones originales, ahora tienes un incentivo para que un monitor se quede porque va a ganar más dinero”, declaró el congresista, quien también es candidato a la gubernatura.
Añadió que el Departamento de Justicia presentó recientemente un escrito reconociendo que el condado está en cumplimiento, por lo que “ya deberíamos haber terminado”.
La respuesta de los activistas no se hizo esperar, afuera del Capitolio, Salvador Reza, Silvia Navarro y Sylvia Herrera, integrante del comité asesor comunitario creado por el juez federal, ofrecieron una conferencia para contrarrestar la narrativa de Biggs.
Herrera señaló que los costos han sido inflados artificialmente por la propia oficina del sheriff y una auditoría independiente determinó que aproximadamente el 75% de los 330 millones de dólares que MCSO atribuyó al caso Meléndres corresponden a gastos no relacionados con la supervisión federal.
“Hay que mirar los hechos han mal asignado fondos que debían destinarse al cumplimiento de la orden judicial”, afirmó.
El caso Melendres se remonta a 2007, cuando un grupo de conductores hispanos demandó al entonces sheriff Joe Arpaio por perfilamiento racial; en 2013, el juez Murray Snow emitió órdenes de cumplimiento que han mantenido al departamento bajo supervisión federal durante más de una década.
A pesar de los avances reconocidos por el propio juez el año pasado, los activistas expresaron su desconfianza hacia el actual sheriff Jerry Sheridan, quien fuera subdirector de Arpaio y también estuvo implicado en el caso.
“La comunidad no apoya al sheriff Sheridan; la comunidad le teme, especialmente ahora que la administración Trump está desatando al ICE por todo el país”, declaró Reza.
Erika Andiola, organizadora de la Red Nacional de Jornaleros, vinculó la lucha local con la ofensiva migratoria federal.
“Lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es solo un espejo de lo que ocurrió en el condado Maricopa en 2007 y 2008, aquellos años en que todos teníamos miedo”, señaló.
Andiola acusó a los republicanos de usar el costo del monitor como excusa para eliminarlo mientras recortan programas sociales: “Están quitando atención médica a los estadounidenses y alimentos a los niños para darle el dinero a ICE”.
La audiencia de Biggs se produce en un momento clave: el Departamento de Justicia de Trump respaldó recientemente la moción del condado para poner fin a la supervisión, y el propio juez Snow ha reconocido avances sustanciales, aunque no el cumplimiento total.
Félix García, el testigo designado por los republicanos, defendió la postura oficial argumentando que “la supervisión federal ha sido una carga administrativa que desalienta el reclutamiento y afecta la capacidad de la oficina para servir a la comunidad”.
Sin embargo, Herrera insistió en que la presión de Biggs no afectará al juez Snow; “Confiamos en que el proceso judicial continuará independientemente del circo político”, sentenció.
La supervisora Debbie Lesko, quien junto al supervisor Thomas Galvin ha calificado el monitoreo de “tiránico”, respaldó la postura de Biggs y reiteró que la junta de supervisores ha solicitado formalmente el fin de la supervisión.
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Mientras tanto, los activistas prometieron seguir vigilantes: “No permitiremos que se borre de un plumazo una década de luchas contra el perfilamiento racial”, concluyó Navarro.
El desenlace queda ahora en manos del juez Snow, quien deberá decidir si el legado de Arpaio puede enterrarse definitivamente o si la desconfianza comunitaria justifica mantener los ojos federales sobre la oficina del sheriff.
