Proyecto republicano separaría al DPS de la influencia legal de la Fiscalía General de Arizona. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El Comité de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley de la Cámara de Representantes de Arizona aprobó la HB 2993, una legislación presentada por el presidente del cuerpo, Steve Montenegro, que busca separar al Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de la influencia legal de la fiscal general Kris Mayes, después de que la funcionaria realizara declaraciones públicas sobre el uso de fuerza letal contra oficiales de la ley.
La medida permite al DPS contratar asesoría legal externa, evitando así su dependencia de una oficina que, según sus críticos, ha priorizado el mensaje político sobre la seguridad pública.
El proyecto también reasigna 5 millones de dólares provenientes del Fondo Rotatorio de Protección al Consumidor y Fraude de la fiscalía hacia el Fondo para la Misión de Equipos de Inteligencia contra Pandillas e Inmigración (GIITEM), una unidad multijurisdiccional enfocada en el combate a organizaciones criminales transnacionales y el crimen organizado.
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“La seguridad pública no es una estrategia de prensa”, declaró Montenegro, quien argumentó que “esta ley protege al DPS de interferencias, fortalece la aplicación de la ley y coloca los recursos en la primera línea, donde deben estar”.
La controversia que detonó la iniciativa se remonta a finales de enero, cuando Mayes, en una entrevista radial, discutió escenarios hipotéticos en los que ciudadanos podrían invocar la ley “Stand Your Ground” para usar fuerza letal contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), si estos ingresaban a sus hogares sin identificarse adecuadamente.
La Asociación de Policía de Arizona calificó las declaraciones como un “tutorial sobre cómo disparar a oficiales”, y tanto el Senado como la Cámara estatal aprobaron resoluciones bipartidistas censurando a Mayes y exigiéndole la renuncia.
La fiscal general, sin embargo, ha rechazado dimitir; a través de su director de comunicaciones, Richie Taylor, sostuvo que los legisladores republicanos “han tergiversado sus palabras” y que Mayes “no dejará de defender la Constitución que juró proteger”.
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Mientras tanto, la HB 2993 avanza ahora al pleno de la Cámara para su consideración, en medio de un creciente clima de tensión entre el Poder Legislativo y la máxima autoridad legal del estado.
La iniciativa redefine las atribuciones legales del DPS y envía un mensaje claro sobre las consecuencias políticas de cuestionar, desde el discurso, la integridad de las fuerzas del orden en Arizona.
