Rubén Ray Martínez, un joven de 23 años, ciudadano estadounidense, fue asesinado a tiros por un agente de ICE, al igual que Renee Good y Alex Pretti. CORTESIA: Red de Vigilancia Ciudadana
Caso de Rubén Ray Martínez demuestra la falta de transparencia y reaviva el debate sobre la violencia de los agentes
Un año después de que Rubén Ray Martínez, de 23 años, fuera asesinado a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en South Padre Island, Texas, los detalles de su muerte apenas comienzan a conocerse gracias a documentos internos obtenidos por el grupo de vigilancia American Oversight a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La madrugada del 15 de marzo de 2025, agentes de la unidad HSI Harlingen BEST Maritime Group (Investigaciones de Seguridad Nacional) estaban ayudando a la policía local con control de tráfico tras un accidente vehicular cuando el auto de Martínez se aproximó al área controlada.
El reporte interno de ICE describe que el conductor “no siguió las instrucciones” y que, tras rodear el vehículo, “el conductor aceleró hacia adelante, golpeando a un agente especial de HSI que terminó sobre el capó del vehículo.
Al observar esto, el supervisor del grupo HSI utilizó su arma de servicio, descargando múltiples disparos contra el conductor a través de la ventanilla abierta del lado del conductor”. Martínez fue declarado muerto en un hospital local, y el pasajero, también ciudadano estadounidense, fue arrestado y el agente involucrado fue tratado por una lesión en la rodilla y liberado.
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La conmoción por este caso radica no solo en la violencia del suceso, sino en el manto de silencio que lo cubrió durante casi un año.
Las autoridades locales y estatales nunca revelaron que agentes federales estaban involucrados; el Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó la muerte pero no especificó qué agencia disparó.
El administrador municipal de South Padre Island, Randy Smith, dijo que los oficiales locales no dispararon sus armas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, a través de su directora de comunicaciones, expresó su alarma: “La demora de casi un año en revelar este incidente es profundamente preocupante y sugiere que el público desconoce el alcance de los abusos del DHS y el creciente uso de la fuerza en la aplicación de la ley migratoria”.
Martínez se convierte así en el tercer ciudadano estadounidense cuya muerte a manos de agentes federales sale a la luz, después de los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis en enero de 2026.
Los paralelismos entre los casos son inquietantes; tanto Martínez como Good recibieron disparos a través de la ventanilla de su automóvil, en incidentes donde la versión oficial describe a los conductores supuestamente intentando atropellar a los agentes.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Cuántas otras muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de ICE permanecen sin revelar?
Correos electrónicos internos de ICE obtenidos por American Oversight y publicados esta semana revelan que la agencia estaba al tanto de un aumento dramático en incidentes con uso de fuerza desde los primeros meses de la administración Trump.
En los primeros dos meses de 2025, los agentes reportaron 67 incidentes, casi cuatro veces los 17 reportados en el mismo período de 2024.
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A pesar de que un portavoz de DHS defendió a los agentes diciendo que están “altamente entrenados en tácticas de desescalada” y que usan “la cantidad mínima de fuerza necesaria”, la realidad de los números y los testimonios sugiere una realidad muy diferente.
El senador Richard Blumenthal, durante una audiencia el 12 de febrero, confrontó al director interino de ICE, Todd Lyons, sobre el uso de fuerza sin orden judicial, cuestionando si las políticas actuales no “abrogan la Cuarta Enmienda”.
Mientras tanto, la defensa de DHS se centra en un supuesto aumento de más del 1,300% en asaltos contra sus oficiales, una cifra que no ha sido verificada independientemente pero que la agencia utiliza para justificar sus tácticas.
La muerte de Rubén Ray Martínez, sepultada en el silencio burocrático durante un año, se erige como un sombrío recordatorio de lo que ocurre cuando las agencias encargadas de hacer cumplir la ley operan sin transparencia ni rendición de cuentas.
