La legislatura republicana en Arizona aprobó proyectos que restringirían severamente el acceso a servicios financieros a inmigrantes y aumentarían la cooperación con autoridades migratorias federales. CORTESIA: Freepik
La iniciativa SB 1421, impulsada por la senadora Wendy Rogers, prohibiría a instituciones financieras aceptar identificaciones consulares y otorgar préstamos basados en números ITIN, mientras que el SB 1520 obligaría a agencias estatales a compartir datos migratorios con el gobierno federal.
Ambos proyectos avanzaron en votaciones partidistas 16-12 y ahora se dirigen a la Cámara de Representantes, donde los demócratas denuncian que se trata de “actos políticos” que ignoran el impacto económico y humano de estas medidas.
La ofensiva legislativa republicana contra la comunidad inmigrante en Arizona alcanzó un nuevo nivel esta semana con la aprobación en el Senado estatal de dos proyectos que restringirían severamente el acceso a servicios financieros y aumentarían la cooperación con autoridades migratorias federales.
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La senadora Wendy Rogers, autora de la SB 1421, defendió la medida argumentando que “las remesas necesitan ser mejor reguladas” y que los bancos “no pueden tenerlo todo; si se benefician de las remesas, entonces necesitan ser regulados”.
La iniciativa, que revierte una ley bipartidista firmada por el entonces gobernador Doug Ducey en 2020 que reconocía identificaciones consulares como válidas para ciertos trámites, prohibiría el uso de estos documentos para abrir cuentas bancarias, enviar dinero al extranjero o solicitar préstamos.
Durante el acalorado debate, los demócratas expresaron su rechazo a lo que calificaron como una medida “cruel y miope”.
La senadora Analise Ortiz imploró a sus colegas republicanos “ejercer empatía” y recordó que “enviar dinero a casa para ayudar a tus padres a comprar comida o a tu hijo a ir a la escuela no debería ser un delito”.
Su colega Lauren Kuby advirtió sobre las consecuencias económicas, señalando que solo los estudiantes internacionales de ASU generan 700 millones de dólares anuales y preguntó retóricamente si “ahora se les va a privar de tener una cuenta bancaria”.
El segundo proyecto aprobado, SB 1520, obligaría a todas las agencias estatales a compartir con el gobierno federal cualquier información que posean sobre inmigrantes no autorizados o personas que hayan excedido el tiempo de sus visas, aunque la medida caducaría al finalizar el mandato de Trump en 2028, un detalle que la senadora Sally Ann Gonzales calificó como una clara señal de que busca “apoyar su campaña de deportaciones masivas”.
La senadora Priya Sundareshan expresó su horror ante la posibilidad de compartir más datos con agentes federales “en un momento en que estamos viendo asesinatos de ciudadanos estadounidenses por estos agentes migratorios sin ley”.
El republicano John Kavanagh defendió la medida argumentando que permitiría a las autoridades migratorias “saber dónde están estas personas, quizás aprehenderlas en entornos seguros” y evitar enfrentamientos peligrosos en las calles.
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Sin embargo, los demócratas señalaron que la información compartida podría terminar afectando a ciudadanos o residentes legales, y Kuby advirtió que la redacción de la ley podría ser utilizada para “eludir la autoridad del secretario de Estado Adrián Fontes”, quien se ha negado a compartir información electoral sensible con el gobierno federal.
Ambos proyectos, que ahora pasan a la Cámara de Representantes controlada por republicanos, enfrentan un futuro incierto ya que carecen del apoyo bipartidista necesario para sobrevivir al veto de la gobernadora Katie Hobbs, quien ha rechazado sistemáticamente legislación que no cuente con respaldo de ambos partidos.
Mientras tanto, las remesas, que ya están sujetas a múltiples regulaciones federales y a un impuesto del 1% desde enero, continuarían fluyendo a través de canales informales con menos supervisión si estas restricciones entran en vigor.
