Un migrante más se suma a la lista de muertes por negligencia en los centros de detención privados en Arizona, se trata de Emmanuel Damas, de Haití. Foto: Generada con Google Gemni
Emmanuel Damas, un solicitante de asilo haitiano de 56 años y padre de dos hijos, falleció el lunes en un hospital de Arizona después de que una infección dental no tratada se extendiera por su cuerpo.
El hombre llevaba detenido desde septiembre de 2025 en el Centro Correccional de Florence, gestionado por la empresa privada CoreCivic; su familia denuncia que apenas recibió ibuprofeno tras quejarse de un fuerte dolor de muelas a mediados de febrero.
Su hermano, Presly Nelson, relató cómo la infección se propagó al cuello, luego a los pulmones y desencadenó una septicemia que lo dejó en coma durante nueve días; “cuando llegamos ya estaba conectado a un respirador, alguien falló en su trabajo, por alguna razón”, declaró Nelson.
La congresista Adelita Grijalva emitió un contundente comunicado tras conocerse la noticia: “Me enferma saber que otra persona ha muerto bajo custodia del ICE por falta de atención médica básica; un dolor de muelas no debería ser una sentencia de muerte”.
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Esta nueva víctima se suma a una alarmante cadena de fallecimientos en los centros de detención migratoria; al menos nueve personas han muerto en lo que va de 2026.
El año 2025 cerró con la impactante cifra de 29 decesos en instalaciones del ICE, superando los 26 registrados durante todo el gobierno de Joe Biden; el caso de Damas recuerda al de Jean Wilson Brutus, otro haitiano de 41 años que falleció en diciembre en el controvertido centro Delaney Hall de Nueva Jersey, también operado por una empresa privada, horas después de reportar una emergencia médica.
La congresista Yassamin Ansari ha sido una de las voces más críticas frente a esta crisis humanitaria, especialmente después de visibilizar el caso de Yari Márquez, una residente permanente legal con leucemia que lleva más de un año detenida en el Centro de Detención de Eloy.
Ansari describió cómo durante una visita vio a Yari vomitar sangre y estar demasiado débil para mantenerse en pie, mientras el gobierno federal ha destinado 75 mil millones de dólares a ICE para expandir su capacidad de detención.
“La verdadera situación de nuestra nación es si personas como Yari están a salvo, si los enfermos reciben atención, si la dignidad humana sigue importando”, declaró Ansari durante un evento alternativo al discurso del presidente.
Su testimonio se suma al de Sonia Almaraz, pareja de Yari, quien denunció que ha visto deteriorarse la salud de su ser querido durante un año “a manos del ICE” mientras exigen su liberación inmediata para recibir cuidado médico.
Los legisladores demócratas llevan meses insistiendo en que las cárceles privadas, a las que el gobierno federal paga miles de millones de dólares, ofrezcan condiciones dignas a los detenidos.
El senador Dick Durbin lideró una carta firmada por 22 demócratas advirtiendo que el aumento de muertes es “un subproducto claro de la agenda de deportación masiva” centrada en detener a tantos inmigrantes como sea posible, muchos sin antecedentes penales, mientras se ignoran las necesidades médicas más básicas.
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Las empresas privadas como CoreCivic y GEO Group continúan recibiendo lucrativos contratos millonarios; solo en octubre se adjudicó a CoreCivic un contrato de 130 millones de dólares para operar el centro más grande de California, y otro de 60 millones en Kansas, mientras los activistas denuncian que el afán de lucro prevalece sobre la vida humana.
La concejal de Chandler, Christine Ellis, enfermera de profesión, expresó su consternación: “Como profesional médica, estoy absolutamente horrorizada de que hubiera personal con licencia trabajando allí y permitiera que esto sucediera”.
“¿Cuántas personas más tienen que morir en centros de detención federales antes de que digamos basta ya?”, se preguntó Grijalva, quien recientemente visitó las instalaciones de Florence y Eloy y logró la liberación de una abuela de 79 años con demencia que pasó nueve meses detenida.
La congresista fue tajante al señalar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo su renuncia y una investigación inmediata sobre este mortal caso bajo su custodia.
