“Me secuestraron solo por el color de mi piel”, denuncian ciudadanos y residentes detenidos por agentes de ICE en todo el país. CORTESIA: George Retes / Institute for Justice
Más de una docena de demandas colectivas y federales han sido presentadas en tribunales de Carolina del Norte, Minnesota, California y Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y violaciones constitucionales cometidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Los casos, respaldados por organizaciones como ACLU, Democracy Forward, el Instituto de Justicia y clínicas legales de universidades, exponen un patrón sistemático donde ciudadanos estadounidenses, veteranos de guerra y residentes legales son esposados, interrogados y abandonados al borde de la carretera sin orden judicial ni causa probable.
La demanda colectiva presentada en Charlotte por Willy Wender Aceituno, Yoshi Cuenca Villamar, Rubén Arguera López, Edwin Godínez y Yair Alexander Nápoles es solo la punta del iceberg de una oleada de litigios que sacuden los tribunales federales.
Te puede interesar: Crisis en ICE: Muere otro migrante en cárcel privada de AZ
Aceituno, un ciudadano naturalizado de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre en un estacionamiento comercial a pesar de mostrar su identificación Real ID; los agentes lo esposaron, lo subieron a un vehículo no rotulado y lo liberaron en la calle después de verificar que no tenía récord criminal.
“Soy ciudadano estadounidense, pero mis papeles no me protegieron”, declaró Aceituno, quien se sumó al caso “porque no quiero que esto le pase a nadie más”.
Cuenca Villamar, de 23 años y nacido en Carolina del Norte, fue detenido el mismo día por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras trabajaba en jardinería; lo empujaron al suelo, lo esposaron y lo subieron a un vehículo sin explicación alguna.
Tras conducir 20 minutos, revisaron su billetera, cuestionaron su licencia y amenazaron con detener a sus hermanos, para luego confirmar su ciudadanía y dejarlo tirado a un lado de la carretera, arrojándole la billetera y abandonándolo sin su teléfono.
“Me secuestraron solo por el color de mi piel”, expresó Cuenca.
El caso de los hermanos Edwin Godínez, de 29 años nacido en California, y Yair Alexander Nápoles, de 22 años nacido en Carolina del Norte, resultó especialmente violento.
El 5 de enero de 2026, agentes de ICE en un vehículo sin identificación los detuvieron en un semáforo en Salisbury, metieron la mano en el auto, abrieron las puertas a la fuerza, le arrancaron los aretes a Godínez, le dieron un puñetazo en el abdomen y amenazaron con esposarlos sin presentar orden judicial, para finalmente devolverles sus identificaciones tras 15 minutos de intimidación.
El video de su terrible experiencia circuló ampliamente en redes sociales.
A más de 2,000 kilómetros de distancia, en California, George Retes, un veterano de combate de la guerra de Irak y ciudadano estadounidense, vivió una pesadilla similar.
En julio de 2025, Retes fue detenido por ICE en un retén carretero mientras se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad en una granja del sur de California.
Agentes rompieron la ventana de su auto, lo rociaron con gas pimienta, lo arrastraron fuera del vehículo y lo inmovilizaron con rodillas en el cuello y la espalda, a pesar de que no ofrecía resistencia.
Permaneció tres días y tres noches incomunicado en una celda de aislamiento, sin acceso a un abogado, sin poder bañarse para quitarse los irritantes químicos y sin siquiera una llamada telefónica.
Perdió el tercer cumpleaños de su hija y nunca fue acusado de ningún delito, así que ahora, con el respaldo del Instituto de Justicia, Retes demanda al gobierno federal exigiendo rendición de cuentas.
Demandan por “Metro Surge” en Minnesota
En Minnesota, la situación ha escalado a nivel estatal donde el fiscal general Keith Ellison, junto a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, presentaron una demanda contra el DHS por la operación “Metro Surge”, que ha desplegado miles de agentes enmascarados en el área metropolitana.
La demanda describe cómo “agentes armados han atormentado a las Ciudades Gemelas llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, denunció que sus oficiales locales están respondiendo a “innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas” por parte de agentes federales sin identificación que “están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses”.
La operación ha dejado al menos dos muertos: Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales en enero de 2026.
Las investigaciones sobre estas muertes han sido envueltas en la controversia y en el caso de Renee Good, el Departamento de Justicia afirmó que no investigaría el tiroteo, argumentando que los agentes actuaron en defensa propia.
Seis fiscales federales renunciaron en protesta por lo que consideraron un encubrimiento.
Para Alex Pretti, las autoridades federales se negaron a compartir evidencia con los investigadores estatales, incluyendo el vehículo de la víctima y los registros de las armas de los agentes involucrados.
Un informe interno filtrado contradice la versión oficial de que Pretti representaba una amenaza, mostrando que ya había sido desarmado cuando recibió diez disparos.
Más de 300 niños y bebés detenidos a diario
El Centro de Refugiados e Inmigrantes y Servicios Legales (RAICES) ha documentado que entre 300 y 500 niños y bebés son detenidos diariamente en instalaciones de ICE solo en Texas, como parte de la política migratoria de la administración Trump.
Más de 3,900 profesionales de la salud en Estados Unidos pidieron al DHS la liberación inmediata de estos menores, alertando que “el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, el deficiente control de infecciones, la nutrición inadecuada y la falta de sueño aumentan significativamente el riesgo de enfermedades en bebés y niños”.
Las cifras nacionales respaldan las denuncias: desde enero de 2025 se han presentado más de 24,400 peticiones de hábeas corpus impugnando detenciones de ICE, más que en las últimas tres administraciones combinadas.
En Wisconsin, 42 peticiones han sido presentadas solo en los últimos meses, muchas de ellas por personas detenidas después de acudir voluntariamente a citas de tránsito o reuniones programadas con ICE.
La jueza federal Sunshine Sykes ha emitido órdenes clave contra las políticas de detención masiva, forzando a la administración a proporcionar audiencias de fianza a miles de detenidos.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, denunció que “la administración Trump-Vance continúa recurriendo a una forma de ‘justicia de atrápame si puedes’ que es dañina e ilegal. Los hechos expuestos en nuestras demandas describen un sistema inhumano diseñado para despojar a las personas de sus derechos conforme a la ley, traumatizarlas, aislarlas de sus abogados y apresurarlas a través de la detención antes de que puedan acceder a asesoría legal”.
La lucha legal continúa en los tribunales de todo el país, con la esperanza de que la justicia finalmente llegue para quienes han sufrido las consecuencias de una política migratoria que, según sus críticos, ha cruzado repetidamente las líneas constitucionales.
