Un juez federal citó al Senado de Arizona, con el fin de que se entregan al FBI los registros de la auditoría realizada en el Condado de Maricopa. Foto: Cortesía / Maricopa County
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el secretario de Estado, Adrián Fontes, lanzaron contundentes respuestas contra la citación federal que obtuvo registros de la auditoría electoral de 2020 en el condado de Maricopa, calificando la medida como una “instrumentalización de las fuerzas del orden” al servicio de “teorías conspirativas desacreditadas”.
El presidente del Senado estatal, Warren Petersen, confirmó haber entregado los documentos al FBI, desatando una nueva batalla legal que enfrenta a los funcionarios demócratas con la administración Trump en su intento por relitigar los comicios perdidos hace seis años.
Mayes emitió un comunicado este lunes desmintiendo cualquier base legal para la investigación federal, recordando que bajo la dirección de su predecesor, el fiscal general Mark Brnovich, “agentes y personal de apoyo de la Oficina del Fiscal General de Arizona dedicaron más de 10,000 horas a investigar irregularidades electorales y presuntos casos de votación ilegal”
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Las conclusiones de esa investigación, así como de múltiples auditorías, determinaron que no hubo fraude suficiente para alterar el resultado.
“Lo que la administración Trump parece estar persiguiendo ahora no es una investigación legítima de las fuerzas del orden. Es la instrumentalización de las fuerzas del orden federales al servicio de chiflados y mentiras”, sentenció Mayes.
“Trump es un negacionista impertinente”
La Fiscal apuntó directamente al presidente y a su aliado Petersen, a quien acusó de ser un “negacionista electoral impenitente” que utiliza su plataforma para “legitimar teorías conspirativas”.
Petersen, quien supervisó junto a la entonces presidenta del Senado Karen Fann la controvertida auditoría realizada por la empresa Cyber Ninjas, publicó que “la semana pasada recibí y cumplí con una citación de un gran jurado federal por registros relacionados con la auditoría del Senado estatal de 2020 en el condado de Maricopa”.
La auditoría, plagada de teorías conspirativas, concluyó que Joe Biden había ganado en Arizona, y la empresa cerró posteriormente tras una costosa batalla legal con el periódico Arizona Republic; el propio director ejecutivo de Cyber Ninjas, Doug Logan, admitió en un mensaje de texto obtenido por el periódico que “parece que básicamente nuestras cifras están equivocadas”.
El departamento de elecciones del condado de Maricopa publicó en enero de 2022 una refutación de 93 páginas afirmando que “la elección general de noviembre de 2020 se administró con integridad y los resultados fueron precisos y confiables”, añadiendo que “casi todos los hallazgos incluían análisis defectuosos, afirmaciones inexactas, conclusiones engañosas”.
“La demanda es ilegal”
Fontes, por su parte, enfrenta una batalla legal paralela contra el Departamento de Justicia, que busca acceso a los registros de votantes de Arizona; en una reciente presentación judicial, el secretario de Estado argumenta que la demanda es ilegal y que gran parte de la información está protegida por leyes estatales de privacidad.
Incluye números de seguridad social, licencias de conducir, nombres de soltera de las madres, direcciones de correo electrónico y firmas; Fontes señala que la asistente del fiscal general Harmeet Dhillon afirma necesitar los registros para verificar el cumplimiento de la Ley de Derechos Civiles de 1960, pero nunca ha explicado cómo la información solicitada ayudaría.
El funcionario sospecha que el verdadero objetivo es crear “una base de datos centralizada nacional sobre millones de estadounidenses” como parte de un plan para verificar el estatus migratorio de los votantes registrados; la ofensiva contra Arizona sigue el patrón del allanamiento del FBI en el condado de Fulton, Georgia.
Los funcionarios del condado de Fulton han presentado una impugnación legal argumentando que el Departamento de Justicia “mintió para obtener una orden judicial” y que la investigación se originó a partir de una “remisión enviada por Kurt Olsen”, exabogado de campaña de Trump sancionado por los tribunales.
El juez conservador retirado Michael Luttig advirtió que Trump ha “orquestado y liderado un esfuerzo gubernamental federal para subvertir las elecciones de medio término”, mientras que los representantes de Georgia enviaron una carta a la fiscal general Pam Bondi exigiendo respuestas sobre la presencia de la directora de inteligencia nacional durante el allanamiento.
El presidente de la comisión del condado de Fulton calificó la investigación de “rumores reciclados, mentiras y teorías conspirativas no probadas”; un juez federal en California ya desestimó una demanda similar contra los registros de votantes de ese estado, calificando la solicitud del gobierno como “carente de profundidad”.
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Fontes enfatizó que cualquier persona que figure en los padrones electorales de Arizona “ya ha demostrado su ciudadanía estadounidense”, ya que desde hace más de 20 años el estado exige prueba de ciudadanía para registrarse; además, incluso quienes se registran mediante el formulario federal lo hacen bajo juramento.
La batalla legal se intensifica mientras la administración Trump no ha explicado qué delito federal justificaría la citación de registros de una elección estatal ocurrida hace seis años; la Casa Blanca y el Departamento de Justicia guardan silencio mientras Arizona se convierte en el nuevo campo de batalla.
