La Ley SAVE, que limita el voto por correo y exige identificación para votar, justificándose en teorías de fraude electoral. Foto: Archivo Prensa Arizona
El presidente Donald Trump y sus aliados en la legislatura de Arizona intensifican sus esfuerzos para implementar restricciones al voto bajo la Ley SAVE, que limita el voto por correo y exige identificación para votar, justificándose en teorías de fraude electoral de 2020 que han sido desmentidas por múltiples auditorías e investigaciones.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) solicitó los registros de la auditoría del condado de Maricopa tras una solicitud del presidente del Senado, Warren Petersen, mientras los republicanos estatales avanzan con proyectos que dificultan las iniciativas ciudadanas y eliminan los centros de votación
La ofensiva es calificada por la gobernadora Katie Hobbs, la fiscal general Kris Mayes y el secretario de Estado Adrián Fontes califican como un “ataque a la democracia” y una “instrumentalización de las fuerzas del orden” al servicio de “chiflados y mentiras”.
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Petersen, quien supervisó la auditoría realizada por la empresa Cyber Ninjas, confirmó haber entregado los documentos al FBI tras recibir una citación federal; la auditoría, que concluyó que Joe Biden ganó en Arizona, fue ampliamente criticada y el propio director de Cyber Ninjas admitió que “básicamente nuestras cifras están equivocadas”.
Mayes recordó que bajo la dirección de su predecesor, el republicano Mark Brnovich, la oficina del fiscal general “dedicó más de 10,000 horas a investigar irregularidades electorales” y no encontró evidencia de fraude suficiente para alterar el resultado.
La fiscal sentenció que “lo que la administración Trump persigue no es una investigación legítima, es la instrumentalización de las fuerzas del orden al servicio de chiflados y mentiras”.
Fontes, por su parte, enfrenta una batalla legal contra el Departamento de Justicia que busca acceso a los registros de votantes de Arizona, y sospecha que el objetivo real es crear “una base de datos centralizada nacional sobre millones de estadounidenses” para verificar su estatus migratorio.
El secretario enfatizó que cualquier persona en los padrones electorales “ya ha demostrado su ciudadanía”, pues Arizona exige prueba de ciudadanía desde hace más de 20 años.
La presidenta del Partido Demócrata de Arizona, Charlene Fernández, cuestionó que “en lugar de enfocarse en mejorar la vida de los arizonenses, el presidente Trump sigue completamente obsesionado con su derrota electoral de 2020”.
Fernández recordó que los ciudadanos enfrentan costos más altos y gasolina más cara, mientras siete militares han muerto en la guerra con Irán.
Hobbs, quien fue secretaria de Estado en 2020, condenó las acciones del FBI como “un ataque a los arizonenses” que socava “nuestros derechos como votantes”; la gobernadora, que ha vetado repetidamente legislación restrictiva, recibirá los proyectos para su consideración final.
La batalla legal se intensifica mientras la administración Trump no ha explicado qué delito federal justificaría la citación de registros de una elección estatal ocurrida hace seis años.
El juez conservador retirado Michael Luttig advirtió que Trump ha “orquestado un esfuerzo gubernamental federal para subvertir las elecciones de medio término”.
Eliminarían centros de votación
Mientras tanto, la legislatura republicana aprobó esta semana el proyecto HB 4115, que obliga a los recolectores de firmas pagados a usar un guión específico y portar un distintivo con su estado de origen.
La senadora demócrata Lauren Kuby argumentó que la medida es inconstitucional porque “obliga al discurso” y busca “debilitar el proceso de iniciativas ciudadanas” que permite a los votantes legislar directamente.
El proyecto SB 1746, impulsado por el senador Jake Hoffman, eliminaría los centros de votación para regresar al sistema de distritos electorales, lo que obligaría a los votantes a acudir a su ubicación asignada o perder su voto.
Kuby advirtió que esto “despojaría de derechos a las personas” y señaló que los centros de votación son populares porque permiten elegir cualquier ubicación.
Hoffman también propone cerrar las escuelas el día de las elecciones y obligar a los maestros a trabajar, una medida que Hobbs vetó el año pasado por considerarla “perjudicial, ineficaz, sin sentido y objetable”.
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La senadora Analise Ortiz calificó como “realmente peligroso” eliminar los centros de votación, recordando la confusión en Texas.
