Laurence Gray intentó proveer armas al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró para abastecer tanto a ese grupo como al CDS durante ese mismo año, utilizando mecanismos como compras indirectas y declaraciones falsas en transacciones. CORTESIA: DOJ
Se trata de Laurence Gray, de 65 años, propietario de la tienda “Grips By Larry”
En Phoenix, un jurado federal acusó a un comerciante de armas de intentar suministrar armamento a cárteles mexicanos, el caso expone cómo operan redes de tráfico desde Estados Unidos hacia México, por qué persisten, quiénes participan y cómo la regulación resulta insuficiente.
Recientemente, una acusación formal amplió los cargos contra Laurence Gray, de 65 años, propietario de la tienda Grips By Larry, señalándolo por intento de proporcionar apoyo material a organizaciones designadas como terroristas, específicamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Ambos grupos fueron clasificados como organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025, una designación que eleva las penas y permite nuevas herramientas legales, pero que también evidencia la dimensión transnacional del tráfico de armas que alimenta la violencia en México.
La acusación sostiene que Gray intentó proveer armas al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró para abastecer tanto a ese grupo como al CDS durante ese mismo año, utilizando mecanismos como compras indirectas y declaraciones falsas en transacciones.
El caso no es aislado, en 2025 Gray ya había sido acusado junto a Barrett Weinberger, de Tucson, por tráfico de armas y facilitar compras fantasma, un método en el que terceros adquieren armamento legalmente para transferirlo a compradores prohibidos.
Las autoridades federales indican que estas prácticas permiten que armas adquiridas legalmente en Estados Unidos terminen en manos de organizaciones criminales en México, donde son utilizadas en homicidios, secuestros y control territorial.
De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, una proporción significativa de armas recuperadas en escenas del crimen en México tiene origen estadounidense, lo que refuerza las críticas sobre la facilidad de acceso y la débil supervisión del mercado.
El gobierno mexicano ha reiterado en distintos foros que la cooperación de Estados Unidos es insuficiente para frenar este flujo, argumentando que la venta indiscriminada de armas en estados fronterizos facilita el abastecimiento de los cárteles.
Autoridades de México han señalado que, pese a operativos y acuerdos bilaterales, persisten vacíos legales y falta de controles efectivos sobre distribuidores y compradores, lo que permite que redes criminales aprovechen el sistema.
En Estados Unidos, iniciativas como Operación Recuperar América buscan concentrar recursos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado y la inmigración irregular, integrando esfuerzos con programas contra el narcotráfico y la violencia comunitaria.
Sin embargo, especialistas advierten que estas estrategias se enfocan más en la persecución penal que en la prevención estructural, dejando intactos factores como la disponibilidad masiva de armas y la falta de verificación rigurosa en ventas privadas.
Diversos estudios han señalado que en Estados Unidos existen decenas de miles de distribuidores con licencia, además de ventas privadas en ferias y plataformas digitales, donde en algunos casos no se exige verificación universal de antecedentes.
Este contexto permite que compradores intermediarios adquieran armas legalmente para luego transferirlas a redes criminales, un fenómeno que ha sido documentado en múltiples investigaciones federales y reportes independientes.
El caso de Gray podría derivar en penas de hasta 20 años por apoyo a organizaciones terroristas, además de cargos adicionales por tráfico y falsedad documental, aunque la ley establece que todo acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario en tribunales.
Más allá del proceso judicial, el expediente reaviva un debate binacional, mientras México exige mayor responsabilidad a fabricantes y vendedores estadounidenses, sectores en Estados Unidos defienden el derecho a portar armas bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La tensión entre seguridad pública y libertades individuales sigue marcando la agenda, en un contexto donde el tráfico de armas continúa siendo un factor clave en la violencia regional, sin soluciones integrales a corto plazo.
