Cientos de personas abarrotaron el Ayuntamiento de Surprise y la plaza aledaña para exigir respuestas al alcalde Kevin Sartor. CORTESIA: Megan McMahon / Facebook
Cientos de personas abarrotaron el Ayuntamiento de Surprise y la plaza aledaña para exigir respuestas, en una reunión donde el alcalde Kevin Sartor limitó el comentario público a una hora, dejando sin voz a decenas de vecinos que esperaron durante horas para expresar su rechazo.
La ciudad de Surprise, Arizona, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política y social después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquiriera en enero un almacén de 418,400 pies cuadrados en la calle Sweetwater para convertirlo en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con capacidad para albergar hasta 1,500 personas; la operación se realizó sin notificar al gobierno local ni a los residentes, quienes se enteraron cuando la compra ya era un hecho consumado .
La indignación se disparó cuando se reveló que el DHS otorgó un contrato de 313.4 millones de dólares (ampliable a 704 millones) a la empresa canadiense GardaWorld Federal Services para renovar y operar el centro.
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GardaWorld es la misma firma que gestiona el controvertido centro “Alligator Alcatraz” en los Evergaldes de Florida, donde ha sido acusada de violaciones de derechos humanos y ha enfrentado demandas por su impacto ambiental y las condiciones inhumanas denunciadas por los detenidos.
Los congresistas Greg Stanton, Yassamin Ansari y Adelita Grijalva exigieron respuestas en cartas enviadas al DHS y a la empresa, calificando la concesión como “profundamente alarmante” y señalando que el gobierno está “entregando contratos masivos a empresas sin experiencia en la supervisión de centros de detención, impulsado por las cuotas arbitrarias de deportación de Trump y una industria de detención con fines de lucro que se beneficia del sufrimiento de las familias”.
¿Corrupción a la vista?
Mientras los residentes de Surprise luchan por detener un centro en su vecindario, una investigación nacional ha destapado lo que muchos califican como un esquema de corrupción generalizado en la adquisición de propiedades para centros de detención.
El representante Jamie Raskin (D-MD) y la senadora Elizabeth Warren (D-MA) lideran una investigación con más de 45 legisladores sobre posibles “sobrecostos innecesarios y corrupción” en la expansión acelerada de estos centros.
La investigación se centra en cómo el DHS, bajo la dirección de la exsecretaria Kristi Noem, utilizó una red de suministro de la Armada destinada a fines militares para “acelerar los contratos de detención de inmigración dentro de Estados Unidos, evitando los procesos de licitación competitiva y la divulgación de detalles que normalmente serían públicos”.
El programa de Rachel Maddow reveló que la agencia ha estado pagando precios exorbitantes por almacenes, con sobreprecios que en algunos casos superan el 100% del valor tasado.
En Salt Lake City, el gobierno pagó 145 millones de dólares por una propiedad tasada en 97 millones (un sobreprecio de casi el 50%), mientras que en Nueva Jersey ofreció 129 millones por un almacén valorado en 62 millones, más del doble de su costo.
En Georgia, una propiedad tasada en 26 millones el año pasado fue adquirida por una suma aún no revelada, y el DHS ha gastado más de 500 millones de dólares en la compra de al menos media docena de almacenes en menos de un año.
Riesgos químicos
Sin embargo, el peligro más inmediato para los residentes de Surprise no es solo la corrupción o la violación de derechos humanos, sino un riesgo químico mortal que acecha justo al otro lado de la calle.
Enfrente del almacén de ICE, en la misma calle Sweetwater, opera un depósito de la empresa Rinchem que almacena cloro, ácido fluorhídrico y flúor, sustancias clasificadas entre las más peligrosas reguladas por la Ley de Aire Limpio.
Según documentos públicos, el Plan de Gestión de Riesgos de Rinchem, presentado el 1 de enero de 2026 (apenas tres semanas antes de que DHS comprara el centro), incluye un análisis de consecuencias que muestra que una fuga tóxica podría extenderse a miles de pies, afectando directamente la zona donde se construiría el centro de detención.
La normativa federal exige que cuando aparece un nuevo “receptor público significativo” (en este caso, hasta 1,500 detenidos), el plan de gestión de riesgos debe revisarse y volverse a presentar, sin embargo, ni la EPA, ni DHS, ni Rinchem han iniciado esa revisión .
Brent Peak, copresidente de Northwest Valley Indivisible, declaró: “El DHS compró este terreno, firmó un contrato de 313 millones de dólares y comenzó la construcción, y fueron los residentes de Surprise quienes tuvieron que ofrecer su tiempo de forma voluntaria para comprobar si se encontraba dentro de una zona de riesgo químico. Eso lo dice todo”.
Los estudiantes de la cercana preparatoria Dysart, que se encuentra a solo media milla del almacén, han sido los más afectados por el miedo.
Cali Overs, presidenta de la clase senior, inició una petición en línea para crear una zona de amortiguamiento de tres millas entre centros de detención y escuelas, y ha recibido amenazas violentas en un grupo de Facebook donde el alcalde Sartor es moderador.
Dayna Siqueiros, otra estudiante, declaró que “muchos de mis compañeros ya han dejado de ir a la escuela y sus padres han dejado de llevarlos” .
El concejal Chris Judd calificó la ubicación como “terrible” y expresó su preocupación por el alto consumo de agua (270,000 galones diarios a plena capacidad) y la proximidad a la Base de la Fuerza Aérea Luke, que podría interferir con las rutas de vuelo de los aviones militares.
Los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego han presentado la Ley de Respeto a las Comunidades Locales, que exigiría al DHS obtener la aprobación de los gobiernos locales antes de abrir nuevos centros de detención.
“Podemos hacer cumplir nuestras leyes y asegurar la frontera sin dejar a las comunidades en la oscuridad”, declaró Kelly .
El nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, ha pausado las nuevas compras de almacenes mientras revisa los contratos firmados bajo la era Noem, pero la batalla por Surprise está lejos de terminar.
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Los residentes, respaldados por legisladores y organizaciones de derechos civiles, exigen una resolución formal de oposición y el cese inmediato de la construcción, mientras la fiscal general Kris Mayes evalúa las opciones legales para detener un proyecto que, según denuncian, antepone los intereses de los contratistas privados a la seguridad de las comunidades.
La pregunta que flota en el aire del desierto de Arizona es si las promesas no vinculantes del gobierno federal serán suficientes para calmar la indignación de una comunidad que se niega a convertirse en el patio trasero de la máquina de deportación de Trump.
