La normativa exige que las agencias federales como ICE obtengan permiso expreso del Ayuntamiento antes de actuar en propiedades de Phoenix. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El Ayuntamiento de Phoenix defendió legalmente su Iniciativa de Transparencia Comunitaria ante la fiscal general Kris Mayes, argumentando que la prohibición de que agentes federales utilicen propiedad municipal como centro de operaciones para redadas migratorias no viola la ley estatal.
El gobierno local, en respuesta a una queja del representante republicano Quang Nguyen, sostuvo que la gestión de sus inmuebles es un asunto de interés puramente local y está protegida por su estatus de ciudad con carta constitucional.
La fiscal municipal Julie Kriegh remitió un escrito en el que solicita a Mayes que concluya que Phoenix no infringe la ley SB1487, la cual prohíbe a las entidades locales restringir la aplicación de leyes federales de inmigración.
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Kriegh argumentó que la política: “Simplemente regula el uso de la propiedad de la Ciudad por parte de cualquier agencia externa de aplicación de la ley para fines civiles de organización y operación”.
Enfatizó que: “Existe una distinción importante entre restringir la aplicación de las leyes de inmigración y administrar el uso de la propiedad municipal”.
La normativa en disputa exige que las agencias federales obtengan permiso expreso del administrador municipal o del jefe de policía antes de instalarse en parques, bibliotecas u otros bienes raíces de la ciudad.
Existen excepciones para persecuciones en caliente, vías públicas, órdenes judiciales y el Aeropuerto Sky Harbor.
Nguyen alegó en su denuncia que la medida: “Condiciona la actividad federal a la aprobación local, colocando efectivamente al Administrador Municipal en un papel de control sobre la manera y viabilidad de las operaciones de aplicación de la ley”.
Kriegh replicó que ninguna ley federal otorga a los agentes el derecho a usar propiedad municipal como base de operaciones civiles sin consentimiento.
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Citando un fallo de la Corte Suprema de 2022, subrayó que la política “no interfiere ni controla las operaciones del Gobierno Federal”.
La decisión final recae en la fiscal Mayes, quien deberá determinar si la capital de Arizona será sancionada con la pérdida de fondos estatales o si prevalece el derecho de la ciudad a decidir sobre el uso de sus propios espacios públicos.
