Para los habitantes de Surprise, la aprobación del Proyecto Baccara suma una nueva fuente de frustración en un momento en que la ciudad se ha convertido en un hervidero de protestas. CORTESIA: Stop Project Baccara / Facebook
La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra el permiso de compatibilidad militar para el Proyecto Baccara, un complejo que contempla dos centros de datos y una planta de energía a gas natural en un terreno de 160 acres ubicado en Olive Avenue y Litchfield Road, justo al norte de la Base de la Fuerza Aérea Luke.
La decisión, calificada como un duro golpe por los residentes, cristaliza el descontento de una comunidad que, al mismo tiempo, libra una batalla paralela para frenar la construcción de un enorme centro de detención de ICE en la zona.
El supervisor Thomas Galvin defendió su voto argumentando que “Solo hay ciertas cosas que se pueden construir junto a una base militar. No se pueden construir viviendas residenciales, eso está en nuestra ordenanza de zonificación. Entonces, ¿qué se puede construir? Un centro de datos, eso se puede. Ya está zonificado como industrial”.
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Galvin subrayó que el general de brigada de la Fuerza Aérea dio el visto bueno: “Es importante destacar que el general de brigada de la base de la Fuerza Aérea dice: ‘Sí, esto es apropiado’”. Esas palabras, sin embargo, no lograron aplacar el enfado de los vecinos que abarrotaron la sesión.
La Coalición de Oposición al Proyecto Baccara, que ya había entregado aproximadamente 440 correos electrónicos en contra y había movilizado a 22 oradores para testificar en la audiencia, denunció a través de una de sus portavoces, Lexsiri Coronado.
“Este proceso prioriza la compatibilidad militar sobre la seguridad de nuestros residentes”.
El único voto disidente fue el del supervisor Steve Gallardo, mientras que organizaciones como el Sierra Club ya habían advertido en febrero que la Comisión de Corporaciones de Arizona “ignoró las preocupaciones de la comunidad” al aprobar previamente el certificado de compatibilidad ambiental.
Para los habitantes de Surprise, la aprobación del Proyecto Baccara suma una nueva fuente de frustración en un momento en que la ciudad se ha convertido en un hervidero de protestas.
Desde que en enero se reveló que el Departamento de Seguridad Nacional había adquirido silenciosamente un almacén de 418,000 pies cuadrados en Sweetwater Avenue para convertirlo en un centro de procesamiento de inmigrantes, los vecinos han protagonizado marchas multitudinarias, han abarrotado las sesiones del Concejo Municipal y han forzado la intervención de la fiscal general Kris Mayes.
La demócrata presentó una demanda federal para bloquear la instalación, argumentando que se encuentra en una “zona de riesgo químico documentada” y que carece de los estudios ambientales exigidos por la ley.
El viernes siguiente a la demanda de Mayes, cientos de manifestantes se congregaron frente al almacén con pancartas que rezaban “Prohíban los campos de detención en almacenes” y “Esto no está bien”, mientras un tubista acompañaba la protesta y los automovilistas hacían sonar sus bocinas en señal de apoyo.
La concejal de la ciudad, Jessica Grant, resumió el sentir general: “Un gran número de residentes de Surprise se oponen firmemente a este centro de detención de ICE en nuestra ciudad”.
La confluencia de ambos proyectos, el centro de datos y la planta de gas, por un lado, y el centro de detención migratoria, por el otro ha transformado a Surprise en un ejemplo de resistencia vecinal contra lo que consideran una amenaza doble a su calidad de vida.
Mientras los impulsores del Proyecto Baccara aseguran que la instalación generará su propia electricidad sin afectar la red.
“Ahora es lo que yo llamo BYOP, trae tu propia energía”, dijo Galvin, los críticos replican que la planta emitirá 200 toneladas anuales de gases de efecto invernadero y que las columnas de calor de las turbinas alterarán la operación de los cazas F-35 que despegan de Luke.
El propio Galvin insistió en que la autogeneración eléctrica responde a las inquietudes sobre el costo de la energía y la presión sobre la red.
La batalla, en cualquier caso, no ha terminado. Los opositores han anunciado que recurrirán la decisión y que intensificarán su campaña conforme Glendale avanza en el proceso de anexión del terreno del centro de datos.
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En paralelo, la demanda de la fiscal Mayes contra el Departamento de Seguridad Nacional sigue su curso en los tribunales, con una orden de suspensión de trabajos ya emitida.
Surprise, una ciudad que hace apenas unos años apenas figuraba en los mapas de la conflictividad social, se ha convertido en pocos meses en el epicentro de dos de las controversias más intensas que enfrentan al desarrollo industrial, la seguridad nacional y los derechos de las comunidades locales en todo Arizona.
