La congresista federal por Arizona, Adelita Grijalva, y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, cuestionan las amenazas de Tom Homan en su mensaje. CORTESIA: Representative Adelita S Grijalva / Facebook
La congresista federal por Arizona, Adelita Grijalva, y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, condenaron en duros términos las amenazas que el zar fronterizo Tom Homan lanzó un día antes durante la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, donde el funcionario advirtió que las ciudades que se nieguen a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrentarán un incremento de agentes federales y de arrestos denominados “colaterales”, que arrastran a personas sin estatus migratorio aunque no sean el objetivo de la operación.
“No vamos a endulzarlo. Lo que dijo Tom Homan es una amenaza. Punto”, declararon Grijalva y Romero en un comunicado conjunto.
“Está diciendo que si las ciudades no se alinean, va a inundar nuestros vecindarios con agentes federales. Y cuando habla de ‘arrestos colaterales’, sabemos exactamente lo que significa: no es solo los objetivos, son todos: padres, trabajadores, personas que han vivido aquí durante años y que son barridas simplemente por estar en el lugar equivocado”, señalaron.
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La reacción de ambas líderes demócratas se produjo apenas unas horas después de que Homan ofreciera su discurso de apertura en la cumbre anual de seguridad fronteriza.
Durante su intervención, el exdirector del ICE dijo a los asistentes que “verán más agentes del ICE de los que nunca han visto” y que “los arrestos colaterales aumentarán en estas zonas; verán más agentes en sus vecindarios porque nos obligaron a tomar esta posición”.
Homan añadió que, si los municipios se niegan a colaborar, “cuando encontremos al malo, y esté con otros que no sean una prioridad pero estén ilegalmente en el país, ¿adivinen qué? Ellos también vendrán”.
La amenaza se produce apenas un día después de que la agencia revelara que las detenciones de personas sin antecedentes penales han aumentado un 35 por ciento en los últimos doce meses.
Grijalva y Romero replicaron que la táctica de amedrentamiento es contraproducente para la seguridad ciudadana.
“Los líderes policiales de todo este país saben que cuando las familias inmigrantes tienen demasiado miedo para denunciar delitos o cooperar con la policía, comunidades enteras se vuelven menos seguras. Los líderes locales no son el problema aquí; son quienes realmente intentan mantener seguras a nuestras comunidades”, afirmaron
“No vamos a retroceder. Ni ante las tácticas del miedo. Ni ante el teatro político. Nuestro trabajo es proteger a nuestras comunidades, no aterrorizarlas. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo”, remataron.
La réplica de ambas funcionarias cobra especial relevancia en un estado que en enero pasado vio cómo el Departamento de Seguridad Nacional adquiría sin previo aviso un almacén en Surprise para convertirlo en un centro de detención con capacidad para más de 500 personas, lo que desató protestas multitudinarias y una demanda de la fiscal general Kris Mayes.
La propia Grijalva, que lideró en marzo una inspección al centro de traslados de Mesa Gateway donde encontró a cientos de migrantes hacinados “como sardinas” e imposibilitados de sentarse, ha presentado un proyecto de ley para restaurar el límite de doce horas de estancia en esas instalaciones temporales.
La polémica se produce además en la recta final de la administración del director interino del ICE, Todd Lyons, quien durante la misma expo dijo que su agencia “está cada vez más cerca” de alcanzar el millón de deportaciones anuales, aunque admitió que los polémicos operativos de Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses, evidenciaron que “las cosas no fueron perfectas”.
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Homan también reconoció que aquellos hechos obligaron a replantear la estrategia, pero insistió en que no se renunciará a las deportaciones masivas ni a los arrestos colaterales que tanto han criticado los municipios con políticas de santuario.
Mientras el gasto federal en control migratorio alcanza niveles récord y 225 empresas ofrecen en Phoenix la última tecnología de vigilancia y detención, la advertencia de Grijalva y Romero resuena como un desafío a lo que consideran una estrategia de intimidación con consecuencias directas sobre la seguridad y la cohesión de las comunidades de Arizona.
