El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en la garita de Nogales, Arizona este viernes 15 de mayo. Foto: Cortesía / Gobierno de Sinaloa
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se encuentra bajo custodia de los U.S. Marshals en el estado de Arizona. Él es uno de los funcionarios acusados por narcotráfico por la Fiscalía de Estados Unidos, del Distrito de Nueva York.
En un comunicado, informaron que Mérida habría viajado a Hermosillo, Sonora, para ingresar a Estados Unidos por la frontera de Nogales, Arizona, donde fue puesto bajo custodia de autoridades federales de seguridad.
El gobierno de México informó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantiene una comunicación institucional con Washington para esclarecer el estatus jurídico del exmando militar.
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La acusación de Nueva York
Se desconoce todavía si Mérida Sánchez se entregó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses, o fue detenida cuando intentaba ingresar al país. Sin embargo, esto ocurre días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación formal contra funcionarios de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez forma parte de la lista de 10 servidores públicos y exfuncionarios imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.
Se les acusa de participar en una conspiración activa para proteger las operaciones de la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra cumpliendo su condena en Nueva York.
La Fiscalía estadounidense asegura que los funcionarios facilitaron el tráfico de fentanilo y metanfetaminas a cambio de sobornos millonarios, y a cambio, “Los Chapitos” los apoyaron para que el proceso electoral resultara a su favor.
Reacción del Gobierno de México
Apenas en días pasados, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum habían defendido la soberanía nacional frente a las presiones por la extradición de los señalados por parte de las autoridades estadounidenses.
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De igual manera, García Harfuch había asegurado que no había investigaciones activas por parte de México contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
