Levanta Gobernadora moratoria de leyes

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La moratoria se implementó el pasado 13 de abril, cuando la gobernadora Katie Hobbs prometió no firmar ningún proyecto de ley hasta que los republicanos hicieran público su presupuesto y se comprometieran a negociar de buena fe. CORTESIA: Governor Katie Hobbs / Facebook

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, levantó la moratoria de firma de proyectos de ley que mantenía desde hacía más de un mes, luego de una semana de lo que su oficina calificó como “negociaciones de buena fe” con los líderes republicanos de la Legislatura estatal. 

La decisión, comunicada a través de su portavoz Christian Slater, supone un avance significativo en el tenso pulso presupuestario que mantiene al estado al borde de un cierre gubernamental si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de julio.

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“Después de una semana de negociaciones de buena fe e intercambios productivos sobre el mejor camino hacia un presupuesto bipartidista y equilibrado, la Oficina de la Gobernadora informó a los negociadores republicanos que la moratoria de proyectos de ley ha sido levantada”, declaró Slater. 

La medida permite que Hobbs vuelva a firmar o vetar los proyectos de ley que la Legislatura de mayoría republicana le envíe.

La moratoria se implementó el pasado 13 de abril, cuando la gobernadora prometió no firmar ningún proyecto de ley hasta que los republicanos hicieran público su presupuesto y se comprometieran a negociar de buena fe. 

La presión surtió efecto: los republicanos divulgaron su plan de gasto el 27 de abril, un paquete de 17,900 millones de dólares que adaptaba plenamente el código tributario de Arizona a los cambios federales impulsados por el presidente Donald Trump, y lo aprobaron en votación de partido el 4 de mayo. 

Hobbs, tal como había anticipado, lo vetó al día siguiente, calificándolo de “desequilibrado e imprudente” y advirtiendo de que “los arizonenses no pueden permitirse un presupuesto caótico y disfuncional al estilo de Washington”.

El veto intensificó la crisis política y los republicanos, que controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, respondieron suspendiendo las sesiones de la Cámara baja hasta el 1 de junio y anunciando que el Senado solo se reuniría de forma puntual los días 11 y 18 de mayo. 

La maniobra fue interpretada por los demócratas como una táctica para trasladar la presión a la gobernadora, mientras el reloj avanza hacia el 30 de junio, fecha límite constitucional para aprobar un presupuesto antes de que el gobierno estatal se vea forzado a cerrar.

El trasfondo del desacuerdo es profundo. Hobbs retiró su participación en las negociaciones presupuestarias el 20 de marzo, después de que los republicanos se negaran a debatir la renovación de la Proposición 123, un mecanismo de financiación escolar que durante una década inyectó 300 millones de dólares anuales a las escuelas públicas y que expiró en 2025. 

Los republicanos, por su parte, acusaron a Hobbs de basar su propio plan presupuestario, presentado en enero, en ingresos no garantizados, precisamente los de la Prop. 123, que requeriría una votación popular en noviembre.

El presupuesto republicano se financiaba mediante barridos de fondos y recortes generalizados a la mayoría de las agencias estatales, lo que, según Hobbs y los demócratas legislativos, favorecía a las corporaciones y perjudicaba a los beneficiarios de programas como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. 

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La gobernadora, que acumula ya 61 vetos en lo que va de año, entre ellos proyectos de ley sobre restricciones al programa SNAP y otros vinculados al activista conservador Charlie Kirk, ha convertido el rechazo a lo que considera una agenda de “caos y disfunción al estilo de Washington” en uno de los ejes de su mandato.

Con la moratoria ya levantada, ambas partes deberán ahora demostrar si el espíritu negociador que la gobernadora dice haber percibido en los últimos días se traduce en un acuerdo concreto antes de que expire el plazo. 

El fantasma de un cierre gubernamental, que obligaría a paralizar servicios esenciales y a suspender pagos a escuelas y proveedores, añade presión a unas conversaciones que, por primera vez en semanas, parecen encarrilarse hacia un posible pacto.

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