Un juez de Massachusetts dio revés a la tarifa de 100 mil dólares impuesta por Trump a los empresarios que contraten extranjeros con visa H-1B. Foto: Magnific
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció que un tribunal federal de Massachusetts emitió una sentencia definitiva que declara ilegal y anula el impuesto de 100,000 dólares que la administración Trump pretendía aplicar a cada nueva solicitud de visa H-1B.
La decisión, celebrada por Mayes como una victoria para los sectores productivos del estado, pone fin a una política que, según la fiscal, amenazaba con agravar la escasez de maestros, médicos y enfermeras en zonas rurales, además de golpear a la creciente industria de semiconductores.
“La administración Trump no tenía autoridad para imponer unilateralmente un impuesto de 100,000 dólares que el Congreso nunca aprobó, y hoy un tribunal federal le dio la razón a Arizona”, declaró Mayes al dar a conocer el fallo.
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La fiscal subrayó que la medida, promulgada por el presidente Trump el 19 de septiembre de 2025, creó una barrera económica insostenible para empleadores públicos y privados, y su anulación restablece el acceso a un programa que anualmente aporta 86,000 millones de dólares a la economía nacional.
La política derogada, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional a partir del 21 de septiembre de 2025, obligaba a los empleadores que solicitaran una visa H-1B a pagar un gravamen adicional por cada petición nueva.
La medida confería al secretario de Seguridad Nacional una discreción tan amplia que, según los demandantes, abría la puerta a una aplicación selectiva contra empleadores no afines a la administración. Mayes se sumó a una coalición multiestatal que impugnó la orden ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, argumentando que el Ejecutivo carecía de competencia para crear un tributo que el Legislativo no había autorizado.
El impacto en Arizona
El fallo tiene un impacto directo en Arizona, donde el programa H-1B ha sido crucial para cubrir plazas en distritos escolares rurales, hospitales comunitarios y la floreciente industria de microchips. Empresas como Intel y TSMC, que operan plantas en el estado, dependen de ingenieros altamente especializados para sostener sus operaciones.
“Sin estas visas, los hospitales rurales luchan por encontrar médicos, las escuelas no pueden cubrir sus vacantes de maestros de ciencias y nuestra economía se frena”, explicó Mayes, quien añadió que el impuesto habría agravado una crisis de personal que ya es severa en el estado.
Auge de las visas H-1B en la industria tecnológica y de salud
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en el año fiscal 2025 se aprobaron más de 3,500 peticiones H-1B para empleadores en Arizona, una cifra que representa un incremento del 22 por ciento respecto al año anterior, impulsado por la demanda de las industrias tecnológica y sanitaria.
El programa, que permite a empresas y entidades gubernamentales contratar temporalmente a profesionales extranjeros con al menos un título universitario, tiene un límite anual de 65,000 visas para el sector privado, más 20,000 adicionales para quienes poseen un posgrado, aunque muchas organizaciones públicas y de investigación están exentas de ese tope.
El fallo frena la crisis de contratación en Yuma y Cochise
La sentencia del tribunal de Massachusetts, cuyo texto íntegro se difundió a través de la oficina de Mayes, concluye que el presidente “carecía de la facultad legal para establecer el pago exigido” y que la orden ejecutiva violaba la separación de poderes.
El fallo, que ya no admite recurso, ordena a las agencias federales cesar de inmediato la aplicación del impuesto y restablecer el procesamiento regular de las peticiones H-1B. Mayes recordó que, durante los meses que estuvo vigente, el gravamen obligó a distritos escolares como el de Yuma a desistir de contratar maestros de matemáticas, y a clínicas del condado de Cochise a cancelar ofertas a psiquiatras.
Descalabro del 40% en solicitudes de visa H-1B durante 2026
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración estimó que el impuesto generó una caída del 40 por ciento en las solicitudes de visa H-1B durante el primer trimestre de 2026, según un informe publicado en mayo.
La decisión del tribunal de Massachusetts devuelve el programa a los términos fijados por el Congreso, que a lo largo de tres décadas ha ajustado los límites y las tarifas del programa con el objetivo de proteger los salarios de los trabajadores estadounidenses y, al mismo tiempo, permitir que empleadores con escasez de mano de obra accedan a talento global.
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Mayes concluyó su intervención asegurando que “el Estado de Derecho ha prevalecido”, y que Arizona seguirá vigilante ante cualquier intento de imponer barreras ilegales a la contratación de profesionales que fortalecen la economía y los servicios públicos del estado.
