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EU busca revocar la ciudadanía a 17 personas por fraude

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De ser exitosas las demandas, los afectados perderán de inmediato todos los derechos asociados a la ciudadanía, quedando expuestos a procedimientos de deportación. CORTESIA: USCIS / Facebook

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas civiles en cortes federales para revocar la ciudadanía a 17 personas en todo el país, en lo que constituye la primera oleada de procesos de desnaturalización impulsados por la administración del presidente Donald Trump. 

Los casos, distribuidos en al menos ocho estados, se basan en la acusación de que los señalados ocultaron delitos graves u otra información relevante durante sus trámites de naturalización, según informó el propio Departamento de Justicia en un comunicado. 

La medida, que no implica una revocación automática sino el inicio de un litigio formal, marca un endurecimiento de la política migratoria hacia ciudadanos que ya habían obtenido el pasaporte estadounidense.

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Las demandas, presentadas ante tribunales de distrito, alegan que los acusados cometieron fraude migratorio o engaño deliberado al momento de solicitar la ciudadanía. 

Entre los casos, el gobierno menciona a personas investigadas o condenadas por delitos que incluyen abuso sexual de menores, fraude electrónico, lavado de dinero y falsificación de visas. 

La Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, que encabeza estos procesos, afirmó que “quienes mienten para obtener la ciudadanía no tienen derecho a conservarla” y que la ofensiva busca “proteger la integridad del sistema migratorio”, según declaraciones recogidas por la agencia Associated Press.

El proceso de desnaturalización es una figura legal prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al gobierno solicitar a un juez federal la revocación de la ciudadanía si demuestra que ésta fue obtenida de manera “ilegal” o mediante “fraude o falsedad material”. 

La carga de la prueba recae sobre el Estado, que debe acreditar que el solicitante ocultó información que habría cambiado la decisión del oficial migratorio de haber sido conocida. 

Hasta la fecha, ninguna de las 17 personas ha sido despojada de su ciudadanía, y los procesos podrían extenderse durante meses o años, de acuerdo con expertos consultados por el Migration Policy Institute.

La iniciativa forma parte de un conjunto de órdenes ejecutivas firmadas por Trump al inicio de su segundo mandato, entre ellas una que instruye a las agencias federales a “priorizar y acelerar” los casos de desnaturalización. 

La administración ha creado una unidad específica dentro del Departamento de Justicia para revisar miles de expedientes de naturalización en busca de posibles fraudes. 

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en la última década se han iniciado en promedio menos de 50 procesos de desnaturalización al año, por lo que la presentación de 17 casos en un solo día representa una escalada significativa.

Varias organizaciones de derechos civiles han criticado la medida como un intento de intimidar a las comunidades inmigrantes. 

“La ciudadanía estadounidense debería ser sagrada, pero esta administración la trata como un permiso revocable a voluntad”, denunció Kate Melloy Goettel, directora de litigios del American Immigration Council, en un comunicado difundido esta tarde. 

La American Civil Liberties Union (ACLU) advirtió que históricamente estos procesos han afectado de manera desproporcionada a inmigrantes de color y podrían reavivar traumas en comunidades que ya viven bajo el temor de las redadas.

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De ser exitosas las demandas, los afectados perderán de inmediato todos los derechos asociados a la ciudadanía y regresarán a su estatus migratorio anterior, típicamente el de residentes permanentes legales, quedando expuestos a procedimientos de deportación. 

La administración ya ha señalado que buscará la expulsión de aquellos cuyos casos prosperen en las cortes, por ahora, el reloj judicial apenas comienza a correr, y la suerte de los 17 demandados dependerá de la solidez de las pruebas que el gobierno presente ante los jueces federales en los próximos meses.

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