Iniciativa del congresista de Arizona Greg Stanton vetaría uso inadecuado de militares y fuerzas armadas en actividades migratorias. Foto: ICE Flick
El espectro de los soldados patrullando las calles de ciudades estadounidenses no es una pesadilla distópica: ocurrió en 2025, cuando la administración Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en varias urbes del país como parte de su ofensiva migratoria, y podría repetirse si el Pentágono sigue siendo utilizado como el brazo armado de la política de deportaciones.
Por ello el representante federal por Arizona, Greg Stanton, presentó dos enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2027 con el objetivo de prohibir que el Departamento de Defensa (DoD) continúe prestando personal y recursos para la aplicación de leyes migratorias, una práctica que, según el legislador demócrata, “difumina la línea entre la defensa nacional y una caótica y cruel agenda migratoria”.
Las enmiendas de Stanton llegan después de que, a lo largo de 2025, la Guardia Nacional fuera desplegada en ciudades como Chicago, Denver y Minneapolis para apoyar operativos de ICE, lo que desató protestas masivas, múltiples demandas y un profundo malestar entre los residentes.
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En Minneapolis, la tensión alcanzó su punto álgido cuando dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron a manos de agentes migratorios durante una redada, un hecho que forzó a la Casa Blanca a retirar temporalmente a las tropas y a frenar la ofensiva en varias localidades.
Aquella experiencia, lejos de ser un punto de inflexión, parece haber sido un ensayo: según reportes de Bloomberg Law, el Pentágono ahora planea activar involuntariamente a abogados militares para que actúen como jueces de inmigración y representen al gobierno en casos de menores detenidos.
“La administración Trump sigue difuminando la línea entre la defensa nacional y su caótica y cruel agenda migratoria. El Departamento de Defensa debería estar centrado en las amenazas reales a nuestra seguridad nacional”, declaró Stanton al anunciar sus propuestas.
La primera enmienda prohibiría al Pentágono utilizar fondos para celebrar o ejecutar contratos que apoyen la aplicación de leyes migratorias domésticas, atacando directamente el plan del gobierno de emplear la autoridad de contratación del DoD para eludir la supervisión local y acelerar una red de centros de detención de ICE, incluido uno en Surprise, Arizona.
La segunda enmienda vetaría el uso de recursos del Pentágono para permitir que su personal participe como voluntario en operativos de inmigración, en respuesta a un memorando firmado el año pasado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Ese memorando autorizaba a empleados civiles del DoD a integrarse como voluntarios en instalaciones de ICE y de la CBP, con la obligación de que algunos se desplegaran en un plazo de 96 horas.
La iniciativa de Stanton tiene una contraparte en el Senado, liderada por los senadores Dick Durbin y Peter Welch, y refleja el creciente malestar de una franja del Legislativo que considera que la militarización de la política migratoria no solo es ilegal, sino profundamente impopular.
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Las imágenes de soldados uniformados en las calles de ciudades estadounidenses en 2025 están frescas en la memoria colectiva, y la posibilidad de que esa escena se repita, ya sea en barrios de inmigrantes o en las afueras de un centro de votación, es precisamente lo que las enmiendas de Stanton pretenden evitar.
Su destino en una Cámara controlada por los republicanos es incierto, pero su sola presentación es un intento de restaurar el principio de que las Fuerzas Armadas no existen para perseguir civiles, sino para proteger la Constitución.
