Al dejar que la norma entre en vigor sin su respaldo, el presidente desautoriza una legislación que sus propios aliados en el Congreso impulsaron durante meses, al tiempo que expone una contradicción con los argumentos de su administración sobre el combate a la inflación. CORTESIA: Magnific
Es la la reforma bipartidista más ambiciosa en décadas que busca reducir el exagerado aumento de la vivienda
La Ley del Camino al Siglo XXI para la Vivienda, la reforma federal de vivienda más ambiciosa en décadas, entró en vigor este sábado sin la firma del presidente Donald Trump, quien utilizó un mecanismo constitucional para dejar que el plazo de promulgación venciera en protesta por el bloqueo de una iniciativa de identificación de votantes en el Senado, en un contexto de precios récord en el mercado inmobiliario.
La norma, aprobada con amplio respaldo bipartidista, 85 votos a favor y cinco en contra en el Senado, y 358 contra 32 en la Cámara de Representantes, limita la adquisición masiva de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales, reduce requisitos regulatorios para impulsar la construcción de casas prefabricadas, agiliza permisos federales para nuevos proyectos, amplía el acceso a hipotecas de bajo monto y promueve la conversión de edificios comerciales vacíos en viviendas asequibles, según el texto legislativo.
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Trump condicionó públicamente su apoyo a la ley de vivienda a la aprobación de la denominada Ley SAVE America, que exigiría prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales y que permanece bloqueada en el Senado sin los votos suficientes para avanzar.
El mandatario calificó la legislación habitacional como “un bostezo” e “insignificante” frente a la reforma electoral que reclama, y canceló abruptamente la ceremonia de firma programada en el Despacho Oval el pasado 24 de junio.
La Constitución establece que un proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso se convierte automáticamente en ley si el presidente no lo firma ni lo veta dentro del plazo establecido, una figura legal que Trump ya había anticipado en su red social Truth Social.
“No firmaré la Ley de Vivienda, que ha sido completamente aprobada por el Congreso y enviada a la Casa Blanca, en protesta por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar la Ley SAVE America”, escribió.
La entrada en vigor de la legislación se produce en uno de los momentos más complejos para el mercado inmobiliario estadounidense: el precio mediano de una vivienda alcanzó un récord de 440,600 dólares en junio, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), que reportó además una caída del 2.4 por ciento en las ventas de viviendas usadas respecto a mayo, hasta una tasa anualizada de 4.09 millones de unidades, muy por debajo del promedio histórico.
Desde 2020, los precios de las viviendas han aumentado un 54 por ciento, mientras que el crecimiento de los ingresos familiares no ha seguido el mismo ritmo.
Los economistas de la Casa Blanca estimaron a principios de este año un déficit de 10 millones de viviendas en el país, una brecha que la nueva ley busca cerrar parcialmente mediante el incremento gradual de la oferta habitacional, considerada la principal causa del encarecimiento del mercado, según el análisis difundido por la propia administración.
Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, señaló en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press que “entre más rápido se promulgue este proyecto de ley, más pronto constructores y compradores podrán comenzar a beneficiarse de sus efectos”, una postura que refleja el respaldo que la industria inmobiliaria y las organizaciones de defensa de la vivienda asequible han brindado a la iniciativa.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, sostuvo por su parte que las familias estadounidenses llevan décadas enfrentando un mercado cada vez más complicado y que seguir retrasando soluciones solo agravaría el problema, según declaraciones citadas en el debate legislativo.
Economistas consultados por diversos medios coinciden en que el impacto de la ley no será inmediato, pero reconocen que aumentar la oferta de vivienda es uno de los pocos caminos para contener el crecimiento de los precios en los próximos años.
Para las familias hispanas, que se encuentran entre los sectores con menor tasa de propiedad de vivienda y mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios, las medidas incluidas en la legislación, particularmente el acceso a hipotecas de bajo monto, el impulso a viviendas prefabricadas y la reconversión de inmuebles comerciales en vivienda, podrían representar una oportunidad para sortear un mercado que las ha excluido históricamente, de acuerdo con reportes del Centro de Estudios para el Progreso Americano.
La negativa de Trump a firmar la ley agrava las fricciones con su propio partido en un año de elecciones de mitad de mandato, en el que el costo de vida y la vivienda figuran entre las preocupaciones principales de los votantes.
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Al dejar que la norma entre en vigor sin su respaldo, el presidente desautoriza una legislación que sus propios aliados en el Congreso impulsaron durante meses, al tiempo que expone una contradicción con los argumentos de su administración sobre el combate a la inflación.
La implementación de la ley dependerá ahora de los reglamentos que emitan las agencias federales en los próximos meses y de la velocidad con que estados, municipios, desarrolladores y entidades financieras adopten la nueva normativa; mientras tanto, millones de familias, incluida una parte importante de la comunidad hispana, seguirán enfrentando un mercado donde el precio de la vivienda marca récords y la oferta disponible no alcanza para satisfacer la demanda.
La paradoja es que la reforma de vivienda más relevante en décadas entró en vigor no por el liderazgo del Ejecutivo, sino a pesar de él, como resultado de un amplio consenso legislativo que ni siquiera la presión presidencial logró descarrilar; un desenlace que, para los analistas consultados, refleja tanto la urgencia de la crisis habitacional como la complejidad de un ciclo político en el que las prioridades del mandatario y las del Congreso transitan por carriles cada vez más separados.
