El centro de detención de ICE en Adelanto, California registra cuatro muertes de mexicanos por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum inició con varias demandas legales. CORTESÍA / Gemini
El Gobierno de México ha elevado su exigencia de justicia y protección tras registrarse múltiples fallecimientos de connacionales bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.
A través de una nota informativa difundida el pasado martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el inicio de cuatro contundentes acciones legales y diplomáticas.
Estas medidas responden a la estrategia anunciada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marcando un paso firme en la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en el exterior.
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Denuncias penales y el llamado a la ONU
La estrategia institucional de la cancillería, que se encuentra actualmente en su etapa de investigación, se estructura en cuatro ejes principales de acción operados a través de su red consular y diplomática.
Denuncia federal: Se presentará una querella ante el Departamento de Justicia de EE. UU. Esta acción se realizará en coordinación directa con la Fiscalía General de la República (FGR) y será entregada por conducto de la embajada de México.
Procesos estatales: A la par del nivel federal, se contempla la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos.
Intervención de Naciones Unidas: El canciller mexicano envió una comunicación oficial a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En el escrito, México le solicita recabar información de las autoridades estadounidenses, analizar si estos hechos violan las obligaciones internacionales, formular recomendaciones y escalar el caso ante el Consejo de Derechos Humanos.
La dependencia detalló que toda esta fase de investigación es el “paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”.
Ultimátum a los centros de detención
Como parte de la tercera acción estratégica, el gobierno mexicano comenzó el envío de recursos legales conocidos como escritos de cese y desistimiento (cease and desist), dirigidos específicamente a las instalaciones penitenciarias donde se han registrado las tragedias.
El primer documento de este tipo, suscrito por el consultor jurídico de la SRE, fue enviado al centro de detención de Adelanto, en California, un lugar que acumula un historial de cuatro mexicanos fallecidos en sus instalaciones.
El objetivo central de estos requerimientos es exigir a las autoridades migratorias que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes”.
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Entre las fallas denunciadas destaca el impedir o retrasar el acceso a una atención médica pronta, así como la aplicación de protocolos que resultan incompatibles con los estándares penitenciarios y de salud básicos. La cancillería advirtió que estos escritos representan apenas el primer paso formal antes de entablar acciones civiles de mayor peso contra ICE.
Finalmente, la SRE reiteró su compromiso de brindar un acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, asegurando que el Estado mexicano actuará con toda firmeza mediante los canales institucionales de ambos países y las herramientas del derecho internacional.
