Extenso informe revela patrón de fuerza excesiva, perfil racial y caos en Arizona y el país. Foto: ICE Flickr
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó un extenso informe de 52 páginas que detalla más de 1,200 incidentes de aplicación de leyes de inmigración en ocho estados durante 2025, revelando un patrón sistemático de abusos, uso excesivo de la fuerza, perfil racial y erosión de derechos civiles por parte de agentes federales, estatales y locales.
El documento, titulado Agents of Chaos and Cruelty (Agentes del Caos y Crueldad) examina acciones en Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Maryland y Nuevo México, y documenta 432 incidentes con conducta indebida por parte de las fuerzas del orden, que van desde el uso desproporcionado de la violencia hasta la intimidación de observadores, periodistas y protestantes.
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El informe de la ACLU concluye que la administración Trump construyó una “fuerza nacional de policía de deportación” de más de 50,000 agentes, desviando recursos de múltiples agencias federales y estatales hacia tareas migratorias.
Esto llevó a una aplicación indiscriminada de la ley, con 624 incidentes registrados en lugares cotidianos como aceras, paradas de autobús, gasolineras, supermercados y carreteras. También se contabilizaron 252 acciones en sitios de trabajo, como lavaderos de autos, restaurantes y obras de construcción.
La fuerza fue empleada de manera rutinaria: en 375 incidentes se constató uso o amenaza de fuerza. Esto incluyó 241 casos de fuerza física (empujones, placajes, inmovilizaciones), 128 amenazas verbales o exhibición de armas, 105 incidentes con armas (porras, tasers, granadas aturdidoras) y 86 usos de irritantes químicos.
Los agentes llegaron a extraer a conductores de sus vehículos en 76 ocasiones, romper ventanas 47 veces y usar sus autos para embestir o bloquear a civiles en 82 incidentes. En total, se registraron 119 lesiones confirmadas o reportadas por las víctimas, y 16 incidentes de fuerza letal.
El informe denuncia que los agentes actuaron con frecuencia encapuchados (372 incidentes), en vehículos sin distintivos (310) y con chalecos que decían “POLICE” sin identificar a la agencia federal (255), dificultando la rendición de cuentas y generando confusión entre la población.
Además, se documentó un grave retroceso en la protección de lugares sensibles: 86 incidentes ocurrieron en escuelas, hospitales, refugios y tribunales, espacios que antes estaban resguardados por políticas de “áreas protegidas”.
En 49 casos, la actividad migratoria se dio en las inmediaciones de centros educativos, provocando cierres y pánico entre estudiantes.
Los niños fueron particularmente afectados: se identificaron 157 incidentes en los que menores estuvieron presentes o fueron blanco directo de la autoridad, incluyendo 54 en que los agentes interrogaron o detuvieron directamente a niños.
De los 214 menores alcanzados por estas acciones, 32 eran ciudadanos estadounidenses, pero los agentes también detuvieron a personas vulnerables, como solicitantes de asilo, residentes permanentes, víctimas de trata, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.
La ACLU subraya que el perfil racial funcionó como práctica operativa central: se detectaron 437 incidentes con probables sesgos raciales, donde las personas fueron detenidas por su apariencia, idioma o presencia en determinados lugares. La persecución alcanzó a ciudadanos estadounidenses (155 casos documentados, incluidos 18 indígenas) y a residentes de larga data.
Arizona, muestra del caos
Dentro de los ocho estados analizados, Arizona figura con datos que replican el patrón nacional de abuso y opacidad y el informe recoge 26 incidentes con probable perfil racial, nueve casos en lugares sensibles (incluyendo escuelas y hospitales), y múltiples acciones que vulneraron derechos fundamentales.
Uno de los episodios más gráficos ocurrió en el sur de Phoenix, donde agentes de ICE detuvieron a dos personas justo afuera de la valla perimetral de la escuela Southwest, mientras alumnos de kínder a octavo grado llegaban a clases.
Tras arrestar al tutor de un estudiante, un agente escoltó al menor hasta la entrada del plantel, mientras los vehículos oficiales permanecían estacionados a escasa distancia del terreno escolar, según el reporte.
En Tucson, el informe relata cómo agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a un inmigrante indocumentado a las puertas del Hospital St. Joseph, adonde había acudido para cuidar a un familiar.
El hombre fue arrestado pese a encontrarse en un centro médico, una acción que, según la ACLU, desincentiva que las comunidades busquen atención sanitaria.
El sistema de salud también fue escenario de otro abuso: una mujer guatemalteca que dio a luz en el Tucson Medical Center mientras estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza fue informada de que sería deportada de inmediato y debía decidir si llevarse consigo a su hija recién nacida, ciudadana estadounidense.
Los agentes impidieron que su abogado la visitara para que firmara un documento de representación legal y solo tras la presión pública y la intervención de autoridades locales, la madre y la bebé fueron liberadas y entregadas a una organización sin fines de lucro en Phoenix.
El informe también documenta el uso de engaños y tretas por parte de agentes federales, como el caso de una mujer que regaba las flores en su jardín fue abordada por dos hombres que dijeron ser empleados de Tucson Electric Power y ofrecían un “presupuesto gratuito”.
Al notar que uno de ellos escondía una placa bajo la camisa, la residente advirtió a su vecino, un hondureño con más de diez años viviendo en la comunidad, evitando que los agentes ingresaran a su hogar con engaños.
En otro incidente, los agentes llegaron a cortar el suministro de agua de una vivienda para obligar a sus ocupantes a salir.
La persecución afectó a residentes con estatus legal o protección humanitaria y en Yuma, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a José Valdovinos, un joven de 27 años beneficiario de DACA y residente de larga data, cuando salía de una gasolinera Circle K con su esposa.
Valdovinos tenía permiso de trabajo y carecía de antecedentes penales, pero fue arrestado. Al preguntar su esposa el motivo, un agente respondió: “No tenemos que dárselo”.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó posteriormente que DACA “no confiere ningún estatus legal”, Valdovinos fue liberado semanas después del centro de detención de Florence, pero con un grillete electrónico.
El acoso llegó incluso a miembros de tribus indígenas, como un integrante de la Tribu Pascua Yaqui caminaba de noche cerca del distrito de San Xavier de la Nación Tohono O’odham cuando fue seguido por una camioneta sin distintivos.
Al echar a correr, el vehículo lo interceptó, los agentes lo derribaron y lo arrestaron por “actividad sospechosa”. P
ermaneció horas detenido sin comida ni agua. Aunque mostró su identificación tribal, licencia de conducir e identificación estatal, los agentes calificaron los documentos de “falsos” y lo tildaron de “ilegal”.
La víctima, que prefirió el anonimato por temor a represalias, relató a la ACLU: “Me dijeron que no me pusiera ‘listo’ con ellos, que era un ‘ilegal’ y que podían hacerme lo que quisieran mientras estuviera allí”.
En el norte de Phoenix, la fuerza letal también se hizo presente. Agentes dispararon contra un conductor durante una parada vehicular a las 4 de la mañana después de que este intentara alejarse.
El DHS afirmó que un oficial disparó dos veces porque se encontraba en la trayectoria del vehículo, pero el semanario Phoenix New Times publicó fotografías que mostraban impactos en la ventanilla del conductor, no en el parabrisas, lo que contradice la versión oficial.
Impunidad oficial
La ACLU responsabiliza de estos abusos a la eliminación de políticas de supervisión interna, la reducción drástica de la capacitación de los nuevos agentes y la asignación de cuotas de arresto.
En 2025, el gobierno recortó drásticamente la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, encargada de investigar quejas por violaciones de derechos, dejando sin trámite 550 denuncias abiertas.
Los agentes actuaron sin cámaras corporales en muchos casos, y las estructuras de rendición de cuentas judiciales resultan insuficientes: la doctrina de inmunidad calificada y las restricciones a las demandas contra agentes federales dificultan que las víctimas obtengan justicia.
El informe recomienda desmantelar la fuerza nacional de deportación, retirar a las agencias migratorias del DHS, crear una nueva agencia de gestión migratoria orientada al servicio, y proporcionar una vía a la ciudadanía para millones de residentes.
A nivel estatal, propone leyes que permitan demandar a agentes federales por violaciones constitucionales, prohibir la colaboración policial con ICE y eliminar infracciones de tránsito no relacionadas con la seguridad que facilitan el perfil racial.
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En el caso de Arizona, los datos y testimonios recopilados ilustran cómo las políticas federales se tradujeron en un clima de terror cotidiano para las comunidades latinas e indígenas.
Las detenciones en hospitales, escuelas y gasolineras, el uso de ardides para entrar en viviendas, y la detención de ciudadanos y residentes legales conforman un panorama que, para la ACLU, exige un cambio estructural urgente. La organización insiste en que los abusos no fueron obra de “unas cuantas manzanas podridas”, sino el resultado de directrices superiores que privilegiaron la cantidad de arrestos por encima de los derechos humanos.
