La administración Trump impuso un arancel adicional del 50% a productos canadienses, como vino y cemento, bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. CORTESIA: Magnific
Pese a su inconstitucionalidad, se seguirán aplicando bajo nuevas secciones
La administración Trump anunció que mantendrá su estrategia de imposición de aranceles como principal herramienta de presión económica global, a pesar de haber sufrido reveses judiciales significativos que han limitado sus facultades legales y en medio de crecientes críticas tanto de aliados comerciales como de legisladores de su propio partido.
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La decisión fue confirmada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, donde anticipó que el gobierno recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes más duraderos y con mayor respaldo jurídico.
“Las autoridades específicas que esta administración está utilizando han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir usando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”, declaró Greer ante los senadores.
El anuncio responde a un plazo tras la expiración los aranceles globales del 10 por ciento que el presidente Donald Trump impuso en febrero al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio, cuyo límite legal es de 150 días.
Para no perder capacidad de maniobra, el gobierno planea trasladar esos gravámenes a la Sección 301, una herramienta jurídicamente más consolidada que, según Greer, cubrirá el 99 por ciento del comercio estadounidense.
La ofensiva arancelaria se ha intensificado y entró en vigor un arancel del 25 por ciento sobre productos brasileños, justificado por una investigación que determinó prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.
Trump ha vinculado explícitamente esas sanciones con el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, un estrecho aliado del mandatario estadounidense.
Además, la administración impuso un arancel adicional del 50 por ciento a productos canadienses, incluidos vino y cemento, bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, en represalia por lo que Washington considera medidas comerciales “discriminatorias”.
La respuesta del gobierno canadiense no se hizo esperar, pues el primer ministro Mark Carney calificó los aranceles como una “violación directa” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el mismo que Trump firmó durante su primer mandato.
“Esta disputa comercial ha elevado los costos para las familias, particularmente en Estados Unidos. Canadá está lista para negociar intensamente los temas pendientes en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”, declaró Carney en la red social X.
Como medida de protesta, Ottawa canceló una ceremonia conjunta para inaugurar el puente internacional Gordie Howe que conecta Detroit con Windsor, Ontario.
La administración Trump ya había declinado renovar el T-MEC en su formato actual tras el fracaso de rondas previas de negociación, aunque el acuerdo no expirará formalmente hasta 2036.
Greer confirmó que se reuniría con México en una tercera ronda de conversaciones, mientras Carney aseguró haber hablado telefónicamente con Trump para acordar “intensificar” las negociaciones en las próximas semanas.
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Sin embargo, el malestar con la política arancelaria no proviene únicamente del exterior y una encuesta de YouGov reveló que más del 70 por ciento de los adultos estadounidenses considera que los aranceles han aumentado los precios de los productos.
Legisladores republicanos también han manifestado su preocupación en privado y en público.
“No hay duda de que los aranceles a las importaciones elevan los precios de los productos estadounidenses, así que sí, me preocupa”, declaró el senador republicano por Texas, John Cornyn, al diario The Hill.
A pesar de las resistencias judiciales, pues la Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles de emergencia que Trump había impuesto inicialmente y del descontento creciente entre consumidores y aliados políticos, la administración no da señales de moderación.
