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Cae red en Phoenix que enviaba armas a cárteles mexicanos

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Un arsenal fue decomisado a una banda que traficaba armas a los carteles mexicanos; incautaron más de 100 armas y 125 mil cartuchos en Phoenix. CORTESIA: Department of Justice

Un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal de 158 cargos contra 28 personas por su presunta participación en una red de tráfico de armas que adquiría legalmente armamento en el condado de Maricopa para después enviarlo ilegalmente a organizaciones criminales en México, en una de las mayores operaciones federales contra el tráfico de armas en Arizona en los últimos años, según anunciaron las autoridades.

La investigación, que duró aproximadamente dos años y unificó cuatro casos federales previos, fue liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) e incluyó a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza (USBP).

Según la acusación, Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix y señalado como el líder de la red, reclutaba a personas para que actuaran como compradores de fachada o “straw buyers”, quienes acudían a tiendas de armas con licencia federal en Arizona y declaraban falsamente ser los compradores reales para después entregar las armas a la organización.

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Para no levantar sospechas, la red distribuía las compras entre múltiples distribuidores autorizados en el condado de Maricopa

Castro, de 24 años, posteriormente revendía las armas obteniendo ganancias, incluyendo pistolas Glock 19 y rifles tipo AK, a sabiendas de que serían exportadas fuera de Estados Unidos. 

El caso cobró relevancia cuando un hombre fue detenido en la frontera intentando cruzar a México con 42 rifles tipo AK ocultos en su vehículo, lo que permitió ampliar la investigación hasta desmantelar toda la organización.

Las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego y más de 125 mil cartuchos de munición, equivalentes a aproximadamente dos toneladas y media de munición, según declaró Albert J. Gibes, agente especial a cargo de la ATF en Phoenix.

Entre el armamento asegurado se encuentran pistolas Glock 19, rifles tipo AK, fusiles estilo AR-15, rifles Barrett calibre .50, capaces de perforar blindaje y fusiles semiautomáticos M249, así como cargadores de alta capacidad. 

Los cargos incluyen conspiración para comprar armas ilegalmente con propósito de tráfico, declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego, tráfico de armas sin licencia y operación ilegal como comerciante de armas. 

El fiscal federal Timothy Courchaine destacó que “la característica definitoria de esta investigación es que abarca toda la cadena de tráfico de armas: desde los compradores de fachada fraudulentos en Phoenix hasta el comprador de armas en México y cada eslabón de contrabando entre medio”.

Arizona, el epicentro del tráfico 

El caso refuerza lo que diversas investigaciones oficiales han documentado en los últimos años: Arizona se ha convertido en la principal fuente de armas traficadas hacia México, desplazando a Texas.

En 2024, las autoridades mexicanas enviaron a la ATF casi 26 mil armas recuperadas para su rastreo, y los analistas federales determinaron que más de 18 mil,aproximadamente siete de cada diez, habían pasado por el mercado estadounidense. 

De hecho, Arizona concentró el 62 por ciento de las incautaciones vinculadas a compras recientes en Estados Unidos durante 2024.

No es un caso aislado: en octubre de 2025, la Fiscalía General de Arizona acusó a 20 personas por una conspiración que habría traficado aproximadamente 334 armas hacia organizaciones del narcotráfico en México.

En enero de 2026, fiscales federales acusaron a nueve personas por utilizar compradores de fachada para adquirir armas destinadas al contrabando transfronterizo; y en marzo de 2026, un comerciante de armas de Arizona fue acusado de intentar proporcionar armas a integrantes del Cártel de Sinaloa y del CJNG

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La acusación es penal y federal, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que un jurado determine su culpabilidad; el caso continuará en la Corte Federal del Distrito de Arizona.

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