Los demandantes, America First Legal que apoyan la medida, sostienen que Fontes omitió el propósito central de la iniciativa. Foto:
El grupo legal America First Legal (AFL), fundado por el asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, presentó una demanda esta semana contra el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, acusándolo de haber redactado un lenguaje “engañoso” para la Proposición 144 en las boletas electorales de noviembre.
Los demandantes, tres votantes de Arizona que apoyan la medida, sostienen que Fontes omitió el propósito central de la iniciativa, declarar que “solo los ciudadanos pueden registrarse y votar en las elecciones de Arizona” y que su descripción de 50 palabras favorece el rechazo de la propuesta al incluir comentarios políticos y predicciones legales, según los documentos presentados ante el tribunal.
La Proposición 144, una enmienda constitucional remitida a los votantes por la Legislatura de Arizona, de mayoría republicana, propone múltiples cambios a las leyes electorales del estado.
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Entre sus disposiciones principales se encuentran: exigir que todos los votantes, incluidos aquellos que votan por correo, presenten una identificación emitida por el gobierno para emitir su voto; prohibir que ciudadanos extranjeros contribuyan o gasten dinero para influir en las elecciones de Arizona y modificar el estándar de revisión judicial que los tribunales utilizan para impugnar leyes electorales.
Los abogados de AFL argumentan que la ley de Arizona exige que el secretario de Estado prepare una explicación “neutral” de cada medida electoral y sostienen que el lenguaje redactado por Fontes incumple esa obligación por tres razones principales: omite que la propuesta busca añadir a la ley estatal las frases “solo los ciudadanos pueden registrarse para votar” y “las elecciones de Arizona se decidirán únicamente por los votos de votantes ciudadanos elegibles”.
También que incluye comentarios que consideran políticos, como afirmar que la prohibición de contribuciones extranjeras es “similar a prohibiciones que ya existen en la ley federal” y señala que la medida “puede hacer más difícil impugnar leyes electorales”, algo que los demandantes consideran una “conclusión legal controvertida y una predicción de litigio” en lugar de una descripción neutral.
La oficina del secretario de Estado ha defendido la redacción, argumentando que la explicación es legal y proporciona a los votantes la información que necesitan.
Calli Jones, portavoz de Fontes, declaró que las disposiciones sobre ciudadanía ya son ley estatal y que, dado el espacio limitado en la boleta, “reiterar sus puntos de conversación sobre la ciudadanía y la identificación de votantes ocupaba un espacio innecesario”.
Fontes también ha señalado que su oficina cumple con la obligación legal de proporcionar descripciones objetivas de las medidas que aparecen en la boleta.
La demanda adquiere relevancia en un contexto de alta polarización política en Arizona, donde Fontes es candidato a la reelección como secretario de Estado en noviembre de 2026, compitiendo contra el representante estatal Alex Kolodin, quien es uno de los impulsores de la Proposición 144.
Esta no es la primera batalla legal que enfrenta Fontes en materia electoral; en abril, un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el acceso a registros electorales.
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La demanda de AFL busca que un juez declare ilegal el lenguaje preparado por Fontes, ordene redactar una nueva descripción imparcial antes de que inicie la votación anticipada en octubre e impida que la versión actual aparezca en las boletas electorales.
