Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI pidió sanciones a Estados Unidos tras la orden de frenar señalamientos a Morena. CORTESÍA / Facebook Alejandro Moreno
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, ha escalado a nivel internacional su disputa política y legal con el Instituto Nacional Electoral (INE). A través de sus redes sociales, el también senador defendió la denuncia formal que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres consejeros del organismo electoral, luego de que estos le prohibieran utilizar calificativos como “narcopartido” para referirse a Morena.
El conflicto se originó cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió, por unanimidad, procedente una medida cautelar contra Moreno y el PRI, derivada de una queja interpuesta por Morena. La resolución obligó al retiro de nueve publicaciones —cinco en la cuenta personal del legislador y cuatro en las del partido— que incluían términos como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.
Para el órgano electoral, el uso inmoderado de estas expresiones podría constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al vincular a Morena con el narcotráfico sin presentar un sustento probatorio. No obstante, el INE rechazó dictar una tutela preventiva adicional solicitada por Morena, al considerar que se refería a hechos futuros e inciertos.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente la resolución, respaldando la decisión del Instituto de frenar el uso de dichas acusaciones en contra de su partido.
Invocación a la Ley Magnitsky y defensa de su fuero
En respuesta a la sanción, el documento difundido por Moreno revela que su queja en Washington busca que se revisen las actuaciones de los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. La denuncia se fundamenta en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una legislación que faculta al gobierno estadounidense para imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas señaladas por corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Mediante su cuenta de X, el líder priista rechazó cualquier contradicción entre haber apoyado las marchas en defensa del INE en el pasado y su actual denuncia. “Millones de mexicanos salimos a las calles (…) porque advertimos el riesgo de que el poder político capturara al árbitro electoral”, señaló, acusando al oficialismo de intervenir en una institución que debería servir a la ciudadanía.
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Finalmente, al calificar al actual gobierno como un “narcogobierno” que busca silenciar a la oposición, Moreno reiteró que su libertad de expresión está protegida por el artículo 61 constitucional, el cual garantiza la inviolabilidad de los senadores por las opiniones emitidas en el estricto ejercicio de su cargo.
