Se está denunciando el uso de engaños por parte de agentes de ICE y han instado a la comunidad a verificar la identidad de cualquier persona que toque a su puerta. CORTESIA: Flickr @usicegov
Organizaciones proinmigrantes como Puente Arizona han emitido alertas sobre el incremento de tácticas engañosas por parte de agentes de inmigración en el estado, advirtiendo que federales se estarían haciendo pasar por trabajadores de servicios públicos para ganar acceso a viviendas.
El aviso en redes sociales ha sido respaldado por reconocidas activistas como Lydia Guzmán, directora de incidencia política de Chicanos Por La Causa, Raquel Terán, exsenadora estatal y activista comunitaria, y Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Se está denunciando el uso de engaños por parte de las autoridades migratorias y han instado a la comunidad a verificar la identidad de cualquier persona que toque a su puerta.
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La alerta de Puente Arizona, difundida a través de sus redes sociales y línea directa, advierte que se están recibiendo reportes de agentes que se identifican como trabajadores de servicios públicos o de mantenimiento para intentar entrar a los hogares.
La organización recomienda a los residentes no abrir la puerta sin verificar la identidad del visitante, pedir identificación oficial, buscar uniformes o logos de la compañía y llamar directamente a la empresa de servicios públicos para confirmar cualquier visita programada.
La línea de defensa de Puente Arizona (480-506-7437) está disponible para reportar actividad sospechosa.
Ya había sucedido antes
El precedente más documentado de esta táctica ocurrió en mayo de 2025 en el sur de Tucson, cuando dos hombres que se identificaron como empleados de Tucson Electric Power (TEP) se presentaron en una vivienda buscando a un residente hondureño.
La vecina Christine Cariño grabó el incidente en video y advirtió al residente que no abriera la puerta sin una orden judicial.
“Son mentirosos. No están uniformados”, se escucha decir a Cariño en el video, mientras los hombres, que no portaban el uniforme reglamentario de TEP, insistían en que el residente había perdido una cita en la corte migratoria.
TEP confirmó que los hombres no eran sus empleados y emitió un comunicado advirtiendo que sus trabajadores siempre portan uniformes e identificaciones visibles.
La empresa también contactó a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para solicitar que sus agentes no se hicieran pasar por trabajadores de TEP.
La activista Lydia Guzmán, quien ha sido una voz constante en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Arizona, declaró a la prensa que “estas tácticas son un claro intento de aprovecharse de la confianza que las comunidades tienen en los trabajadores de servicios públicos. Es fundamental que la comunidad esté informada y sepa cómo protegerse”.
Raquel Terán, por su parte, enfatizó que “el miedo no debe paralizarnos; debemos organizarnos y compartir esta información para que todos sepamos cómo actuar”.
Erika Andiola agregó que “estas prácticas revelan la desesperación de una administración que no respeta los derechos humanos ni el debido proceso”.
Aunque ICE no confirmó que los hombres de Tucson fueran agentes y una portavoz se negó a comentar, calificando el caso como “una investigación en curso”.
En su momento, la gobernadora Katie Hobbs calificó la conducta como “muy preocupante” y señaló que estaba revisando si las leyes estatales sobre suplantación de identidad podían aplicarse.
Legisladores demócratas de Arizona también denunciaron la táctica como engañosa y peligrosa.
Las recomendaciones
Aunque no se han documentado casos similares en el Condado de Maricopa, empresas como APS y SRP han emitido advertencias sobre impostores que se hacen pasar por empleados de servicios públicos, sin precisar que se trate de agentes federales.
APS señala que sus trabajadores y contratistas llevan identificación con fotografía y que, para entrar a una vivienda, normalmente existen arreglos previos.
La compañía aconseja a los clientes no confiar en el número telefónico que proporcione una persona que se presente como empleado, sino llamar directamente a APS para verificar su identidad.
El Departamento de Policía de Phoenix, por su parte, emitió en enero de 2026 una declaración en la que aclaró que sus agentes siempre deben identificarse, no pueden cubrir completamente el rostro durante sus labores y deben portar identificadores visibles del departamento.
La declaración fue emitida en medio de preocupaciones por la creciente presencia de agentes federales en la región y la confusión entre agencias del orden.
Tendrían policías protección
En un frente paralelo, la administración Trump ha propuesto un plan que permitiría a los oficiales de policía locales que trabajen con ICE adquirir un seguro de responsabilidad civil de hasta 500,000 dólares para cubrir gastos legales en caso de ser acusados de mala conducta durante arrestos migratorios.
El gobierno federal reembolsaría a los oficiales hasta 250 dólares anuales por el costo de la póliza.
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El abogado de derechos civiles de Arizona, David Don, cuestionó la necesidad de esta cobertura y advirtió que “el seguro no crea inmunidad” y que “la disponibilidad de seguro adicional podría convertirlos en un objetivo más atractivo para una demanda por responsabilidad individual”.
