El pasado viernes 28 de agosto, hombres armados irrumpieron en el CUM de Hermosillo y prendieron fuego a un escenario que se preparaba para un evento deportivo. Foto: Foro Cuatro TV
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) avanza en la integración de la carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados el pasado viernes 28 de agosto en unas instalaciones del CUM en Hermosillo, lugar que se preparaba para albergar el espectáculo “Noche Suprema” al día siguiente.
Como parte de las diligencias ininterrumpidas, el Ministerio Público, la Policía Investigadora y los Servicios Periciales han recabado la declaración de 24 personas, informó la instancia.
Entre los interrogados figuran testigos, promotores, boxeadores, personal técnico de iluminación y audio, así como generadores de contenido en redes sociales (influencers) que participarían en el evento. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco en cuanto a víctimas, confirmando que la agresión solo dejó daños materiales parciales en el recinto y en el equipo subarrendado.
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Descartan extorsión y apuntan al narcomenudeo
Frente a las especulaciones difundidas en diversos espacios y perfiles de redes sociales, el Ministerio Público fue tajante al aclarar que no existen indicios que vinculen el ataque con el delito de extorsión, conocido popularmente como “cobro de piso”. Asimismo, aseguraron que la seguridad física de los asistentes que planeaban acudir al espectáculo al día siguiente nunca estuvo en riesgo real.
La principal hipótesis de trabajo de las autoridades ministeriales establece que la agresión derivó de una disputa entre dos grupos delictivos dedicados al narcomenudeo. Esta línea de investigación cobró fuerza tras detectarse que algunos de los participantes anunciados en el evento han hecho promoción pública de actividades asociadas al consumo de drogas.
Participantes con antecedentes penales
Las indagatorias no solo arrojaron luz sobre el móvil del ataque, sino también sobre graves irregularidades en la organización. Se determinó que, aunque los promotores contaban con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, omitieron presentar un Plan de Seguridad Física que garantizara la integridad de los asistentes. Al no entregar este documento, el evento nunca fue sometido a la evaluación de riesgo de la Mesa de Seguridad del Estado.
Debido a estas omisiones y al contexto en el que se desarrollaron los hechos, la fiscalía advirtió que corresponderá a los organizadores asumir las responsabilidades legales por los daños ocasionados.
Finalmente, la autoridad estatal reveló un hallazgo crítico: se acreditó que algunas de las personas programadas en la cartelera del evento cuentan con registros policiales, procesos penales abiertos e incluso órdenes de aprehensión vigentes por delitos ajenos a la realización del espectáculo.
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Ante esto, el Ministerio Público confirmó que procederá conforme a derecho en contra de dichos individuos, dándole seguimiento a las carpetas de investigación que ya se encontraban abiertas.
