Medios nacionales demandaron al gobierno de Donald Trump por prohibirles el ingreso a la Casa Blanca y a los eventos presidenciales. Foto: @WhiteHouse
POLITICO, CNN y MS NOW presentaron este lunes 21 de septiembre de 2026 una demanda federal contra el presidente Donald Trump y tres de sus principales asesores, luego de que la Casa Blanca revocara abruptamente las credenciales de sus periodistas el sábado 19 de septiembre.
Las tres organizaciones calificaron el bloqueo como un “asalto directo a la Primera Enmienda” y buscan que un juez restaure de inmediato el acceso a la sede presidencial, según reportes a la prensa.
La demanda, presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Washington, nombra como co-demandados al jefe de Gabinete, Susie Wiles; al director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y al director del Servicio Secreto, Sean Curran.
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Los medios, representados por Theodore Boutrous Jr. del despacho Gibson Dunn, argumentan que la revocación sin aviso previo violó sus derechos al debido proceso y a la propiedad bajo la Quinta Enmienda, y que la represalia por el contenido de sus reportajes transgredió sus derechos de la Primera Enmienda, de acuerdo con informes a la prensa.
En un comunicado conjunto difundido el lunes por la mañana, las tres organizaciones señalaron: “Sin aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque objetó nuestros reportajes”.
Agregaron que, de no ser impugnada, la medida “amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental”, según declaraciones recogidas por los medios.
El director del despacho legal Boutrous afirmó que “el presidente ha sido explícito en que esta prohibición está destinada a castigar reportajes que no le gustan y a intimidar a periodistas y organizaciones de noticias que lo cubren a él y a su administración”.
Sostuvo que la medida “daña al pueblo estadounidense” y que “la ley está de nuestro lado en todos los frentes”, de acuerdo con declaraciones citadas por la prensa.
Trump respondió a la demanda con un mensaje en Truth Social publicado la mañana del lunes. “La Casa Blanca no está instituyendo un asalto contra la Prensa Libre, algo que yo aprecio. Está instituyendo un asalto contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como el Cáncer en nuestros amados Estados Unidos”, escribió el mandatario.
Calificó a los medios críticos como “corruptos, deliberados, generalizados, totalmente coordinados y totalmente fuera de control”, y afirmó que representan “una amenaza para nuestra Seguridad Nacional”, de acuerdo con reportes a la prensa.
La crisis escaló el viernes 18 de septiembre, cuando Trump anunció en Truth Social la prohibición “con efecto inmediato” contra CNN, MS NOW y Politico por lo que llamó “constante ‘reporteo’ de NOTICIAS FALSAS”.
Al día siguiente, los periodistas de las tres organizaciones —entre ellos Betsy Klein de CNN, Cheyenne Haslett de Politico y Akayla Gardner de MS NOW— fueron rechazados por el Servicio Secreto en la entrada de la Casa Blanca y les fueron confiscadas sus credenciales, según reportes de la prensa.
Trump no detalló razones específicas y se limitó a decir que se trataba de “historias acumuladas durante los últimos años”.
Boicotean cobertura
La respuesta del gremio periodístico no se hizo esperar. El mismo lunes, los cinco principales canales de televisión de Estados Unidos —ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News— anunciaron que suspendían su participación en el pool de cobertura televisiva de la Casa Blanca en solidaridad con CNN.
“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objeta sus reportajes”, señalaron las cadenas en una declaración conjunta, de acuerdo con informes a la prensa.
La decisión impidió que la gira de Trump a la Asamblea General de la ONU en Nueva York contara con cobertura televisiva habitual.
La demanda invoca el precedente de Sherrill v. Knight de 1977, cuando un tribunal federal de apelaciones determinó que la Casa Blanca no puede negar credenciales de prensa de manera arbitraria o basándose en el contenido de la cobertura, si ha abierto voluntariamente sus instalaciones a los medios.
Los abogados de los medios también citan el caso Acosta de 2018, cuando un juez ordenó restituir la credencial del corresponsal de CNN Jim Acosta, y el caso Karem de 2019, donde otro juez federal exigió devolver el pase de Brian Karem, de Playboy, según reportes a la prensa.
El vicepresidente JD Vance, consultado por periodistas el lunes, enmarcó la prohibición como un asunto de “acceso especial” y no de libertad de expresión.
“Se trata de equidad básica. Todavía pueden reportear. Todavía tienen acceso a la libertad de expresión. Simplemente ya no van a tener una oficina en la Casa Blanca”, declaró, de acuerdo con reportes a la prensa.
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El caso, asignado a la jueza de distrito Tanya Chutkan, plantea una batalla constitucional de largo alcance sobre los límites del poder presidencial frente a la prensa. La jueza Chutkan tiene un historial de fallos en contra de los esfuerzos de Trump por expandir su autoridad, según informes a la prensa.
La demanda se produce apenas dos meses después de que la Corte Suprema bloqueara las restricciones al voto por correo impulsadas por la administración, en otra muestra de los límites judiciales al poder ejecutivo.
