Surgen casos de fraude al consumidor, además de abuso a trabajadores. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La Fiscalía General de Arizona, encabezada por Kris Mayes, ha confirmado una investigación por presunto fraude al consumidor contra la empresa A1 Roofing Solutions, propiedad de José Camacho y Eliseo Arciénaga, según consta en el expediente CV2026-022573, radicado en la Corte Superior del Condado de Maricopa.
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La acción legal se produce después de que Prensa Arizona diera a conocer, en agosto de 2025, la denuncia de decenas de trabajadores techeros hispanos que acusaron a la compañía de adeudarles cerca de medio millón de dólares en salarios.
La investigación de la Fiscalía representa un avance significativo en un caso que, por su naturaleza y alcance, se ha convertido en un referente de la lucha contra el abuso laboral y el fraude al consumidor en el estado.
La demanda de la Fiscalía General, presentada bajo la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona, alega que A1 Roofing operaba con un esquema consistente en recibir pagos de clientes para reparar o reemplazar techos, negarse a realizar el trabajo contratado y retener los fondos de manera indefinida.
Según el documento judicial, la empresa refería a los consumidores a prestamistas externos, representaba que no retiraría los fondos del préstamo hasta el inicio de la obra, y luego procedía a retirar la totalidad del dinero antes de realizar cualquier trabajo, para después mantener a los clientes esperando durante meses con excusas como problemas de clima o retrasos en la programación.
La Fiscalía sostiene que este patrón afectó al menos a tres consumidores identificados y a cerca de cincuenta personas que presentaron quejas ante la Unidad de Información y Quejas del Consumidor de la Oficina de la Fiscalía General.
Esquema de impago a trabajadores
La demanda también incluye alegaciones sobre la falta de pago sistemática a contratistas independientes y subcontratistas, un hecho que, según el Estado, A1 Roofing ocultó deliberadamente a los consumidores.
El Estado argumenta que un cliente razonable no contrataría a una empresa con un historial de impago a sus trabajadores, ya que existe el riesgo de que un contratista no pagado persiga al propietario o registre un gravamen de contratista contra la vivienda.
Esta omisión, sostiene la Fiscalía, constituye una violación de la Ley de Fraude al Consumidor.
Impacto en trabajadores inmigrantes
El caso también ha puesto de relieve una práctica que afecta desproporcionadamente a los trabajadores inmigrantes: la clasificación fraudulenta como “subcontratistas independientes” para evadir obligaciones legales como el pago de horas extras, seguros médicos y compensaciones por riesgo.
Según datos federales revelados en la investigación de Prensa Arizona, el 78 por ciento de las violaciones salariales en los sectores de construcción y servicios afectan a trabajadores inmigrantes, quienes constituyen el 38 por ciento de la fuerza laboral en esas industrias.
Organizaciones proinmigrantes señalan que el 55 por ciento de los trabajadores indocumentados evita demandar por temor a la deportación, lo que permite que empresas como A1 Roofing operen con impunidad durante años.
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La confirmación de la investigación por parte de la Fiscalía General representa un paso crucial para las familias afectadas.
Los trabajadores han señalado que, gracias a la denuncia pública realizada por Prensa Arizona y a la posterior cobertura de otros medios, se ha visibilizado un problema que permanecía oculto; la comunidad espera que la investigación prospere y que se haga justicia.
