Un informe del DHS admite que el centro de ICE en Surprise consumirá 190,000 galones de agua al día, forzando un nuevo pozo y obras por $9 millones. Foto: Progress Arizona
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió un borrador de evaluación ambiental de 81 páginas que, aunque concluye preliminarmente que el proyectado centro de detención migratoria en Surprise no generaría impactos ambientales graves, reconoce explícitamente que la reconversión del edificio industrial triplicaría su demanda diaria de agua potable y ejercería una presión “sustancial” sobre la red de drenaje, el tráfico escolar y los servicios municipales de esta ciudad del Valle Oeste.
El documento técnico calcula que la macroinstalación demandaría 190,000 galones de agua al día —con picos máximos de hasta 215,000 galones diarios—, frente a los 63,000 galones para los que fue diseñada originalmente la nave industrial. Este salto obliga al gobierno local a adelantar cinco años la perforación de un nuevo pozo de extracción y a ampliar de urgencia su infraestructura de tratamiento.
No obstante, la obra continúa legalmente congelada en virtud de un acuerdo judicial alcanzado con la Fiscalía General de Arizona, por lo que no podrá iniciar remodelaciones ni recibir personas hasta que se emita el dictamen ambiental definitivo.
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Un almacén de $70 millones para 1,500 detenidos
El inmueble, ubicado en el 13290 West Sweetwater Avenue, cuenta con una superficie de 418,400 pies cuadrados y fue adquirido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero por 70 millones de dólares. El plan federal proyecta confinar hasta 1,500 detenidos y operar con una plantilla de 676 empleados.
El propio informe del DHS admite que la operación del complejo “aumentaría sustancialmente la demanda de agua potable, servicios de aguas residuales, electricidad, transporte y recursos de respuesta a emergencias en comparación con el uso industrial existente”, requiriendo además la construcción de un megatanque de almacenamiento interno con capacidad para 800,000 galones.
Para amortiguar el golpe sobre los residentes actuales, el Ayuntamiento de Surprise exigió a la agencia federal una compensación cercana a los 9 millones de dólares, desglosada en:
- Más de 6.1 millones de dólares para acelerar un nuevo pozo en la zona de presión de Rancho Gabriela.
- Casi 1.8 millones de dólares para expandir la capacidad de potabilización y tratamiento de aguas negras.
- La transferencia de 1,512 acres-pie de derechos de agua o un pago compensatorio equivalente a 1 millón de dólares.
El concejal Chris Judd dimensionó el impacto para los contribuyentes locales al advertir que la instalación consumirá “tres o cuatro veces más agua que el mayor consumidor actual de Surprise”, subrayando que, si bien la ciudad está obligada legalmente a prestar el servicio público, tiene facultad para cobrar el costo total de la infraestructura requerida.
Riesgo químico a 300 pies, tráfico escolar y batalla en cortes
El proyecto enfrenta una férrea resistencia legal encabezada por la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, quien interpuso una demanda en abril señalando que la bodega “no fue construido para albergar personas”, carece de tuberías adecuadas para dicha densidad humana y fue impulsado atropellando las leyes ambientales federales.
A las objeciones hidráulicas se suman dos focos rojos documentados en el borrador:
- Cercanía con sustancias peligrosas: El estudio federal dedica apenas un breve párrafo al almacén de productos químicos de la empresa Rinchem, localizado a escasos 300 pies de distancia del futuro centro de detención. Críticos como Brent Peak, integrante de Northwest Valley Indivisible, tacharon la omisión de “negligente”, al tratarse de uno de los principales riesgos de seguridad civil denunciados por la Fiscalía General.
- Congestión en horario escolar: El DHS admite que el flujo vehicular se incrementará notablemente, en especial durante el cambio de turno vespertino que coincide con la salida de estudiantes de escuelas cercanas, pero aclaró que no invertirá fondos en mejoras viales.
Plazo abierto para comentarios ciudadanos
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En cumplimiento con el acuerdo judicial firmado en junio, el gobierno federal abrió la ventana de consulta pública sobre el borrador ambiental. Los residentes de Surprise y del área metropolitana tienen hasta el próximo 9 de diciembre de 2026 para enviar sus observaciones y objeciones formales antes de que se emita la resolución definitiva.
