La fiscal Rachel Mitchell solicitó la pena de muerte contra Randal Basilio Santillán por el asesinato de Yessenia Norman en Tolleson. Foto: MCAO
PHOENIX, AZ. — La fiscal del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunció la presentación formal de una notificación de intención para solicitar la pena de muerte en contra de Randal Basilio Santillán, acusado por el asesinato de Yessenia Norman, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue localizado a principios de este año en la ciudad de Tolleson.
De acuerdo con el informe difundido por la Fiscalía del Condado de Maricopa, el caso se remonta al 28 de enero de 2026, fecha en la que agentes del Departamento de Policía de Tolleson hallaron los restos de la víctima dentro del apartamento de Basilio Santillán, ubicado en las inmediaciones de 91st Avenue y la autopista interestatal I-10. Las diligencias forenses determinaron que Norman había sido apuñalada en más de dos docenas de ocasiones.
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Rastreo digital, fuga a Misisipi y extradición a Arizona
Tras el hallazgo, los investigadores confirmaron que existía un reporte activo de persona desaparecida a nombre de Yessenia Norman, quien había sido vista por última vez el 15 de enero al salir de un hogar grupal para reunirse con un hombre que había conocido a través de internet. Mediante el análisis de grabaciones de cámaras de vigilancia y datos de telefonía celular, los detectives lograron vincular directamente al acusado con la joven durante la noche de su desaparición.
Posteriormente, las autoridades rastrearon el paradero de Basilio Santillán hasta el estado de Misisipi, donde fue arrestado y extraditado de regreso al condado de Maricopa para enfrentar a la justicia. En febrero pasado, un gran jurado lo acusó formalmente de:
- Asesinato en primer grado: Un delito grave peligroso de Clase 1.
- Secuestro: Catalogado como delito grave peligroso de Clase 2.
Hallazgo de material de abuso infantil y fianza millonaria
Durante el peritaje de la evidencia digital incautada en la investigación, los detectives descubrieron material de abuso sexual infantil almacenado en el teléfono celular de Basilio Santillán. A raíz de este hallazgo, un gran jurado presentó en septiembre una segunda acusación formal en su contra por diez cargos de explotación sexual de un menor, delitos graves de Clase 2 considerados crímenes peligrosos contra menores.
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Actualmente, el acusado permanece bajo custodia en prisión con una fianza pagadera en efectivo de 1 millón de dólares por el caso de homicidio, sumada a una fianza garantizada de 100,000 dólares correspondiente a los cargos de explotación infantil. Las autoridades reiteraron que toda acusación penal constituye únicamente un señalamiento formal y que el imputado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.











