La medida, solicitada por el DOJ, busca duplicar la capacidad actual de los tribunales de inmigración con abogados militares. Foto: Cortesía / CBP
El Secretario de Defensa Pete Hegseth autorizó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorándum interno del 27 de agosto obtenido por la Prensa Asociada.
La medida, solicitada por el DOJ, busca duplicar la capacidad actual de los tribunales de inmigración, que enfrentan un retraso récord de 3.5 millones de casos pendientes.
La administración Trump ha intensificado las deportaciones y arrestos de migrantes, aumentando la presión sobre un sistema migratorio ya colapsado.
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Según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), los tribunales de inmigración recibieron 466,942 nuevos casos en el año fiscal 2025 hasta julio, pero completaron solo 810,417, dejando un acumulado histórico de 3,446,855 casos activos.
Además, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o renunciaron voluntariamente desde 2024, reduciendo el total a aproximadamente 600 jueces en activo.
Los abogados militares (judge advocates) serán desplegados en grupos de 150 “tan pronto como sea practicable”, con una duración inicial de 179 días prorrogable.
El memorándum enfatiza que el DOJ debe garantizar que este despliegue no viole la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso militar para aplicación de ley doméstica y la medida ocurre tras un revés judicial: un tribunal federal dictaminó que el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio violó dicha ley.
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El retraso o (backlog) migratorio ha crecido un 85% en dos años, con tiempos de espera promedio de 1,424 días (3.9 años) para las audiencias.
Solo el 1.55% de los nuevos casos en 2025 están vinculados a actividad criminal, y únicamente 21.3% de los migrantes tienen representación legal cuando reciben órdenes de deportación.
Organizaciones como la Unión Internacional de Ingenieros Técnicos y Profesionales criticaron los despidos de jueces “sin causa” y alertaron sobre la falta de experiencia en derecho migratorio de los abogados militares.
