Silverio García Jr. exige al sheriff de Maricopa los registros del acuerdo de 2015 que ordenó garantizar acceso lingüístico en las cárceles del condado. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El activista Silverio García Jr. volvió a exigir al sheriff del condado Maricopa, Jerry Sheridan, acceso a los documentos que demuestren cómo su oficina implementó el acuerdo federal de derechos civiles firmado en julio de 2015, que resolvió reclamaciones por discriminación lingüística contra la Oficina del Sheriff (MCSO) y el condado.
La disputa se centra en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por origen nacional, incluido el idioma, en entidades que reciben fondos federales, y en la solicitud de registros públicos que García presentó en septiembre de 2024 para verificar el cumplimiento de ese convenio.
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García presentó en 2008 una queja ante el Departamento de Justicia (DOJ) tras un incidente en una reunión de la Junta de Supervisores de Maricopa, donde se le exigió hablar en inglés.
Su denuncia derivó en una investigación sobre acceso lingüístico en las cárceles y en un acuerdo de conciliación firmado en 2015 por el entonces sheriff Joseph Arpaio, el condado y el DOJ.
El convenio incluyó un anexo específico que obligaba a MCSO a garantizar acceso razonable y significativo a servicios para internos con dominio limitado del inglés, según los documentos citados por el activista.
Solicitud de registros y respuestas
En septiembre de 2024, García solicitó cuatro categorías de registros: comunicaciones entre el DOJ y MCSO sobre el caso, el acuerdo completo, documentos sobre la implementación del convenio y una evaluación del porcentaje de cumplimiento.
La respuesta de MCSO, fechada en enero de 2025, indicó que realizó búsquedas y no encontró registros responsivos para tres de las cuatro solicitudes; para la segunda, proporcionó un enlace al acuerdo publicado por el DOJ, de acuerdo con los anexos revisados.
García sostiene que esa respuesta es insuficiente y en una carta del 1 de julio de 2026 dirigida a Sheridan, afirma que MCSO “solo respondió a la solicitud número 2 de las cuatro” y que la agencia no demostró qué sistemas, custodios o términos utilizó para localizar los documentos.
El activista también señala que acudió a la oficina del supervisor Steve Gallardo, a la Fiscalía del Condado y al departamento de Información Gubernamental sin obtener los registros faltantes.
La Ley de Registros Públicos de Arizona (A.R.S. §39-121.01) obliga a los custodios a buscar y proporcionar los documentos existentes de manera oportuna y la jurisprudencia estatal distingue entre la obligación de entregar registros ya existentes y la de crear documentos nuevos o compilar información que no había sido elaborada previamente.
Esa distinción es relevante para la cuarta solicitud, que pide un porcentaje de cumplimiento que MCSO podría no haber calculado antes.
Alcance del acuerdo federal
El acuerdo de 2015 no resolvió únicamente el acceso lingüístico, sino que el documento principal abordó reclamaciones sobre operativos de identidad laboral y represalias, mientras que el anexo separado se centró en la discriminación en las cárceles y en las obligaciones de intérpretes, traducciones y capacitación del personal, según los documentos revisados.
La firma del acuerdo no incluye a Sheridan, quien entonces ocupaba un puesto de alto nivel en MCSO, de acuerdo con los registros.
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Hasta el cierre de esta edición, la Oficina del Sheriff no había respondido a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones de García.
El activista evalúa presentar una acción especial ante la Corte Superior si no obtiene acceso a los documentos, un recurso contemplado por la ley estatal cuando se considera que se negó el acceso a registros públicos.
