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Activistas crean barrera de protección ante detenciones de ICE

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Activistas se han mantenido alerta en el Tribunal de Inmigración de Phoenix, ante los arrestos de ICE contra inmigrantes que acuden a dar seguimiento a sus casos. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona

Resistencia ante las recientes detenciones de ICE en Tribunal de Inmigración 

Decenas de activistas se mantuvieron en vigilia frente al Tribunal de Inmigración de Phoenix, Arizona como un acto de resistencia ante las recientes detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que han convertido las audiencias judiciales en trampas para migrantes. 

Según testigos, agentes federales actuaron en ascensores, pasillos y estacionamientos minutos después de que fiscales pidieran desestimar casos, una estrategia que permite reabrir procesos bajo normas más estrictas impulsadas por el presidente Donald Trump.

Los detenidos llevaban menos de dos años en el país y fueron blancos perfectos bajo la expansión de deportaciones exprés que omiten audiencias judiciales.

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Phoenix no es un caso aislado, pues Seattle, Los Ángeles y Miami reportaron operativos similares esta semana, alineados con la promesa de Trump de alcanzar récords históricos en deportaciones.

La gobernadora Katie Hobbs y la fiscal general Kris Mayes, ambas demócratas, condenaron en redes sociales las redadas. Hobbs exigió enfocarse en “criminales, no en redadas indiscriminadas”, mientras Mayes destacó que las familias merecen “dignidad, no intimidación”. 

El Tribunal de Inmigración de Phoenix, parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), opera en un edificio con estrictos controles de seguridad y horarios limitados. 

Para muchos migrantes, este espacio, diseñado teóricamente para garantizar justicia, se ha convertido en un laberinto donde un error procedural puede derivar en detención inmediata. 

Anna Hernández, concejal del Distrito 7 de Phoenix, admitió la impotencia municipal ante leyes federales: “Como Ayuntamiento, solo podemos apoyar, no impedir”.

La senadora del Distrito 11 de Arizona, Catherine Miranda, fue más crítica en entrevista con Prensa Arizona.

“Desde el principio, la Administración Trump ha declarado que persigue a ‘criminales’ sin embargo, las acciones del ICE en Seattle, Santa Ana y ahora en Phoenix demuestran lo contrario. Que los agentes se presenten a detener a personas después de sus audiencias no solo es algo sin precedentes, sino absolutamente reprensible”, dijo.

“Las personas detenidas intentaban venir a Estados Unidos ‘por el camino correcto’, pero fueron detenidas porque son un blanco fácil. Exhorto a mis colegas del Congreso a crear una vía permanente hacia la ciudadanía. Hasta entonces, seguiré luchando contra las personas e instituciones que perjudican a mi comunidad”, declaró Miranda.

En pie de lucha

Ricardo Reyes, de Common Defense, un colectivo de veteranos crítico de las políticas migratorias, no duda en calificar estas acciones como “crueles”. 

“Es una trampa legal: si vas a tu audiencia, cierran tu caso y te detienen. Si no vas, te deportan automáticamente”, explica. 

Esta táctica, amplificada por órdenes ejecutivas que permiten a ICE operar en zonas antes protegidas como tribunales, evidencia un sistema que prioriza la expulsión acelerada sobre el debido proceso.

Mónica Sandschafer, directora de Mi Familia Vota, subraya la ironía: “Son personas que siguen el proceso legal al pie de la letra, como exigen los críticos de la migración, y aún así son criminalizadas”. 

Su organización ha reforzado talleres de “Conoce tus derechos” y acompaña a migrantes a audiencias para evitar detenciones sorpresa y además, impulsan a residentes permanentes a completar su ciudadanía como escudo ante la agenda de deportaciones. activistas

Mientras los manifestantes sostienen carteles con frases como “Traigan a Kilmar a casa”, voluntarios reparten tarjetas rojas bilingües con derechos básicos frente a ICE. La medida contrasta con la opacidad de las tácticas federales, que incluyen reactivar el programa 287(g) en la cárcel del condado de Maricopa, permitiendo a oficiales locales colaborar con deportaciones pese a críticas por perfilamiento racial11.

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Activistas señalan que ICE aprovecha la desinformación y la falta de representación legal: el 85% de los detenidos en tribunales carecían de abogado.

Reyes advierte que ICE reaparece en sesiones posteriores. “Volveremos cada día hasta que estemos seguros de que no regresen”, promete. La resistencia, sin embargo, choca con un marco legal adverso. 

El Proyecto 2025, impulsado por la administración Trump, busca expandir el control federal sobre agencias locales y priorizar deportaciones.

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