Tras semanas de tensión y reclamos bipartidistas, la administración del presidente Donald Trump liberó más de $110 millones en fondos educativos federales para Arizona que mantenía retenidos desde inicios de julio.
La decisión se produjo un día después de que los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego, junto con los representantes Greg Stanton y Yassamin Ansari, todos demócratas de Arizona, enviaran una carta urgente a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), Russell Vought, exigiendo el desembolso inmediato de los recursos previamente asignados por el Congreso.
La medida afectaba programas críticos como los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo XXI (21st CCLC), que financian actividades extracurriculares y servicios educativos para estudiantes de escuelas de alta pobreza, incluyendo apoyo en alfabetización y desarrollo profesional docente.
El superintendente de Educación de Arizona, Tom Horne (republicano), confirmó que los fondos retenidos ascendían a $124 millones, aproximadamente el 1% del presupuesto educativo estatal, aunque minimizó la controversia: “Fue solo una pausa para revisar que los fondos se usen apropiadamente, no para adoctrinamiento social”.
Horne se comprometió agilizar su distribución, pero los legisladores demócratas, no obstante, destacaron el impacto concreto de la demora.
“Las escuelas tuvieron que retrasar contrataciones y reajustarse semanas antes del año escolar”, señaló Gallego, mientras Stanton calificó el retraso como “juegos con el futuro de nuestros niños”.
Kelly enfatizó que la liberación era “una victoria para educadores y familias”, pero subrayó que “para empezar, nunca debió ocurrir”.
Contexto nacional y apoyo bipartidista
La presión de Arizona reflejó un escenario nacional, pues originalmente, la OMB había congelado $6 mil millones en programas educativos, incluyendo adquisición de inglés (Title III) y educación para adultos, argumentando una revisión para evitar que financiaran una “agenda radical izquierdista”.
Tras demandas legales de distritos escolares y una carta de senadores republicanos pidiendo revertir la medida, la administración liberó primero $1 mil millones para programas de verano el 19 de julio, y el resto esta semana.
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El congresista republicano Juan Ciscomani, quien dijo haber colaborado con la Casa Blanca para asegurar los fondos, resaltó su importancia para “opciones seguras y enriquecedoras después de clases”, especialmente para aprendices de inglés y desarrollo docente. Ciscomani coordinó con grupos como los Boys & Girls Clubs, beneficiarios clave de los 21st CCLC.
Alcance de los programas afectados
Los fondos liberados incluyen: Title III: Apoyo a adquisición del inglés para 150,000 estudiantes en Arizona, donde el 10% de alumnos son English Learners.
21st CCLC: Financiamiento para 1,324 centros nacionales que ofrecen tutorías, actividades STEM y apoyo familiar, evaluados mediante indicadores de rendimiento en lecto-matemáticas y asistencia escolar.
Title II-A: Desarrollo profesional docente, crucial en un estado con escasez crónica de maestros.
Secuelas y advertencias
Aunque Montserrat Garibay de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe celebró el desembolso, advirtió que el “presupuesto ajustado para 2026 elimina el Title III”, dejando en riesgo futuros apoyos. La administración, por su parte, condicionó los fondos a que los estados cumplan “nuevas salvaguardas” no especificadas, generando dudas sobre continuidad.
Este episodio expone la frágil intersección entre política y educación: mientras Arizona recupera recursos para un año escolar que inicia en días, Washington debate si las revisiones ideológicas justifican paralizar programas vitales para comunidades vulnerables.
