Empresarios aumentarán sus precios mientras fiscalía reta la supuesta ilegalidad
Una coalición multiletal liderada por la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, enfrenta hoy en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, calificados de “ilegales” y potencialmente devastadores para la economía estatal.
La demanda, respaldada por los fiscales generales de otros once estados —Oregón, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont— argumenta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no otorga al presidente facultades para imponer tarifas
Más de 50 líderes empresariales de Arizona han expresado su alarma ante el impacto económico de estas medidas. Según expertos, los aranceles podrían elevar el costo de vida de una familia promedio en Arizona en “miles de dólares al año”.
La fiscal Mayes fue contundente: “No me quedaré de brazos cruzados mientras las empresas de Arizona, la economía y los consumidores son perjudicados […], aumentando aún más los precios, creando incertidumbre y empeorando una inflación ya alta”.
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El sector privado describe un escenario de presiones en cascada y Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, subrayó que “un arancel es pagado por quienes importan bienes en este país, y luego esos costos se trasladan a los consumidores. Es esencialmente un impuesto”.
Esta lógica ya se materializa en sectores como alimentos, comercio minorista y construcción. Steve Chucri, de la Asociación de Restaurantes de Arizona, admitió que, de mantenerse los aranceles, “no tendremos más remedio que trasladarlos a aumentos de precios en el menú”.
En agricultura y manufactura: Philip Bashaw, del Buró Agrícola de Arizona, alertó que el sector “suele cargar con el peso de los aranceles de represalia”, afectando a agricultores como Shannon Schulz, quien teme que tarifas del 66% “pueden quebrarnos”.
Fabricantes como Axon Enterprise, con sede en Scottsdale, ya prevén “un impacto significativo” y posibles alzas de precios que reducirían su competitividad.
Comercio minorista y servicios: Mía Ortiz, dueña de una floristería en Phoenix, confirmó que sus mayoristas ya anunciaron aumentos: “Subiremos nuestros precios”.
Similarmente, Scott Murtaugh, de Parker Automotive en Tucson, anticipa sin dudas “aumentos en repuestos” que se trasladarán a los clientes; en Yuma, Eddie Ramírez, dueño de una tienda de juguetes, ejemplificó: “Un camión de $200 pasaría a costar $500”.
Jaime Chamberlain, importador de productos agrícolas en Nogales, sintetizó la ansiedad dominante: “Hay que actuar como si los aranceles se implementarán. Lo peor es no estar preparados” y Vanessa Laurin, dueña de un bar en Sierra Vista, añadió: “No sé qué es peor, los aranceles o su constante aplicación y suspensión”.
El caso de AriZona Iced Tea
El caso de la emblemática bebida de 99 centavos ilustra la presión sobre las cadenas de suministro. Don Vultaggio, fundador de AriZona Beverages, reveló que los aranceles del 50% al aluminio canadiense, del cual depende en un 20%, amenazan por primera vez en 30 años su modelo de precios: “En algún punto, el consumidor tendrá que pagar el precio”.
La empresa, que usa más de 100 millones de libras de aluminio anuales, aún resiste, pero Vultaggio advirtió que, de persistir las tarifas, un ajuste sería inevitable.
La demanda judicial avanza mientras la Casa Blanca aplica vaivenes en su política. El 4 de febrero de 2025, Trump anunció aranceles del 25% a México y Canadá, socios del T-MEC, pausados 90 días después tras acuerdos para reforzar seguridad fronteriza6.
No obstante, la amenaza de tarifas generalizadas sigue latente, exacerbando la desconfianza. Jonathan Buford, CEO de Arizona Wilderness Brewing, exigió “mejor liderazgo y menos vaivenes” 1.
Arizona enfrenta una encrucijada económica con industrias enteras, desde cultivos hasta autopartes y vivienda reevaluando operaciones por costos impredecibles. Como resumió Adriana Zapata, dueña de un restaurante en Phoenix: “Todos van a sentir el impacto, sean dueños de negocio o no”.
Mientras la batalla legal sigue su curso, empresarios como José Luis Obregón, importador en Nogales, claman por certidumbre: “Es muy difícil tomar decisiones cuando no sabes qué pasará mañana”.