La decisión de la Jueza Kathleen M. Williams se basa en una demanda presentada por la tribu Miccosukee. Foto: Cortesía / The White House
Un juez federal ha emitido una contundente orden judicial que podría poner fin a las operaciones del controvertido centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los frágiles humedales de los Everglades.
La resolución judicial exige que el gobierno de Florida y la administración federal comiencen el desmantelamiento de la instalación en un plazo de 60 días, citando graves violaciones de las leyes ambientales federales.
La decisión de la Jueza Kathleen M. Williams se basa en una demanda presentada por la tribu Miccosukee, defensores de los derechos humanos y grupos ambientalistas, quienes argumentaron que el centro fue construido de manera ilegal, sin llevar a cabo las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la ley.
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La jueza determinó que la construcción de la prisión en los terrenos sagrados de los Everglades representa una amenaza para el ecosistema, además de haber ignorado las preocupaciones de la tribu local.
Según la orden, las autoridades están obligadas a retirar los generadores de energía, las torres de iluminación, los sistemas de desechos y otras infraestructuras que hacen viable el funcionamiento del centro. La jueza dictaminó que estas instalaciones no pueden operar en una zona protegida y que su permanencia violaría la Ley de Especies en Peligro y otras regulaciones.
La orden judicial ha sido vista como una victoria para los opositores al proyecto, quienes han criticado el centro no solo por su impacto ambiental, sino también por las condiciones de vida de los detenidos. Múltiples reportes de activistas y defensores de derechos han denunciado la falta de acceso a servicios básicos, la presencia de enfermedades y las condiciones insalubres dentro de la prisión.
En una conferencia de prensa, el Gobernador Ron DeSantis calificó la decisión como una “afrenta a la seguridad nacional” y anunció de inmediato que el estado apelará la resolución.
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“No permitiremos que un juez activista, con sede en Washington, dicte cómo protegemos nuestras fronteras”, declaró el gobernador. “Esta prisión es fundamental para nuestro plan de control migratorio, y estamos seguros de que prevaleceremos en los tribunales superiores”.
La batalla legal se intensificará en los próximos meses, y se espera que la apelación del estado de Florida retrase el cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, la decisión de la jueza marca un punto de inflexión y pone en entredicho el futuro de un centro que, desde su concepción, ha estado envuelto en la polémica y la disputa política. La resolución también podría sentar un precedente importante para otros proyectos de infraestructura en áreas protegidas.
